DS(C) nº 284/5 del 14/11/2001

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ):

Comenzamos la sesión. Buenas tardes, señoras y señores Procuradores. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Economía y Hacienda correspondiente al día catorce de noviembre, relativa a la elaboración del Dictamen del Proyecto de Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León.

¿Algún Grupo... algún Grupo tiene que comunicar a esta Presidencia alguna sustitución? Sí. Por el Grupo Popular, señora Arenales Serrano, tiene la palabra.

LA SEÑORA SERRANO ARGÜELLO:

Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, don Camilo Hernando sustituye a don Juan Castaño y don José Carlos Monsalve sustituye a don Francisco Javier Vázquez. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señora Arenales Serrano. Por el Grupo Socialista, señor De Meer.

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO:

Sí, señor Presidente. Don Octavio Granado sustituye a don José Francisco Martín.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor De Meer. Por el señor Vicepresidente se dará lectura al primer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR HUIDOBRO DÍEZ):

Gracias, señor Presidente. Primer punto del Orden del Día: "Es la ratificación de la designación de los miembros de la Ponencia encargada de elaborar el informe del Proyecto de Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ):

Muchas gracias. De acuerdo con el Artículo 113.2 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, corresponde a la Comisión la ratificación de los Ponentes designados por los distintos Grupos Parlamentarios. Esta designación recayó sobre los señores Aguilar Cañedo, Granado Martínez, Herreros Herreros, De Meer Lecha-Marzo y Serrano Argüello. ¿Se ratifica la designación? Quedan ratificados por asentimiento los Ponentes de la Comisión.

Por el señor Secretario se dará lectura al segundo punto del Orden del Día. Tiene la palabra el señor Secretario.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO):

Muchas gracias, Presidente. Segundo punto del Orden del Día: "Elaboración del Dictamen de la Comisión del Proyecto de Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor Secretario. Por acuerdo de los Portavoces, vamos a hacer turnos completos de una vez, con sus correspondientes réplicas y dúplicas. Y, en este sentido, tiene la palabra, en nombre del Grupo Mixto, don Antonio Herreros.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. Señorías. Permítanme que dé por defendidas en los términos en que están expresadas todas las enmiendas que Izquierda Unida presenta a esta Proyecto de Ley, por razones de tipo personal y compromisos adquiridos con antelación suficiente, y así se lo he expresado tanto al Portavoz del Grupo Parlamentario Popular y, lógicamente, al Presidente de la Comisión. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor Herreros. En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra doña Arenales Serrano.

LA SEÑORA SERRANO ARGÜELLO:

Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Pues, entonces, en la misma línea por parte del Grupo Parlamentario Popular, damos por rechazadas las enmiendas para posterior debate. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ):

Muchas gracias. ¿Desea consumir un turno de réplica? Gracias. Procedemos a dar la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, a... van a compartir el turno. Inicia el turno don Octavio Granado.

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Para explicar en una intervención general cuál es el sentido de las enmiendas del Grupo Socialista a esta Ley de Tasas, sin perjuicio de que luego mi compañero Antonio de Meer intervenga para explicar el sentido concreto de algunas enmiendas que nosotros formulamos a tasas concretas y a apartados concretos de esta Ley.

Bueno, una Ley de Tasas de una Comunidad Autónoma -la nuestra yo creo que es de las últimas, si no la última, en aprobar su Ley de Tasas de todas las Leyes de toda España- debe, en primer lugar, aclarar lo que es -digámoslo así- la fronda de figuras tributarias que, por mor de lo que ha sido la historia de la Administración española, se han venido imponiendo a los ciudadanos por los diferentes departamentos de la Administración en función de supuestos concretos.

La filosofía de lo que es la tasa ha quedado bastante clara, después de la última Sentencia del Tribunal Constitucional y después de las últimas modificaciones normativas producidas en la Ley de Tasas y Precios Públicos del Estado, en el sentido de que la tasa es una exacción tributaria que la Administración cobra en dos supuestos concretos:

En primer lugar, que la tasa esté vinculada a la existencia de una obligación legal por parte del ciudadano, que debe, por lo tanto, verse obligado, en función de una legislación de carácter general o específico, a realizar una actuación administrativa, y para la cual se le solicita el pago de una tasa que viene a colaborar a los trabajos que la Administración viene realizando, a los costes directos o indirectos que la prestación de ese servicio viene obligada por la tasa.

En segundo lugar, a la existencia de una actuación administrativa que no sea susceptible de ser prestada por el sector privado, en cuyo caso existe un precio público.

La tasa, por definición, es solamente para las actividades de la Administración y el precio, por definición, solamente para las actividades que la Administración pueda prestar, pero que sean concurrentes con el sector privado.

Una Ley de Tasas debe, por lo tanto, aplicar esta filosofía; debe aplicar una filosofía de acuerdo a tres criterios fundamentales: en primer lugar, el criterio de la afectación del coste del servicio que la Administración se ve obligada a realizar para prestar ese servicio al ciudadano. En segundo lugar, que ese criterio se reparta entre los contribuyentes prestando atención a su capacidad económica. Y, en tercer lugar, que ese ingreso de la Administración, pues, venga vinculado indirecta o directamente a la prestación del servicio.

Nos encontramos con una Ley de Tasas que no establece ningún tipo de afectación. Y he aquí una primera cuestión que a nuestro Grupo le llama poderosamente la atención. ¿Cómo es posible que, frente a los costes directos -que parecen muy claros- del funcionamiento de la Administración, la Ley no contemple en ningún caso los costes indirectos que supone para la Administración la existencia de un determinado comportamiento, de una determinada necesidad? Por ejemplo, ¿cómo es posible que esta Administración recaude miles de millones de pesetas en tasas fiscales o exacciones sobre el juego sin que exista ningún tipo de mínima afectación a los problemas que el juego causa en nuestra sociedad? ¿O cómo es posible que se cobren tasas forestales sin que exista una mínima afectación a los montes? ¿O cómo es posible que existan tasas sobre el ingreso en la Función Pública que no tengan en cuenta las necesidades de formación de los funcionarios?

Por eso nuestro Grupo ha planteado un conjunto de enmiendas que intentan que las tasas se supediten al principio de afectación que originariamente está en la filosofía inspiradora de la tasa; es decir, que vengan también a retribuir los gastos que la Administración hace de cara a los problemas que causan algunos... algunas cuestiones concretas del funcionamiento administrativo en los ciudadanos, o algunas actividades que no obstante ser lícitas, pues, son actividades que tienen un coste no solamente en términos económicos, sino en términos sociales a los ciudadanos.

En torno a la cuestión de la capacidad económica, llama poderosamente la atención una segunda cuestión que nuestro Grupo quiere plantear de manera muy clara. Si hacemos caso a lo que dice el Proyecto de Ley y, por ende, entendemos que las tasas están calculadas sobre el trabajo real que le cuesta a la Administración de Castilla y León el ejercicio de sus funciones públicas, entonces nos encontramos con que esto es una Administración que se parece a la guerra de... perdón, que se parece a la Administración de verdad como la guerra de Gila se parece a la guerra de verdad. Porque, por ejemplo, nos encontraríamos con la evidencia de que la Administración de Castilla y León consume el mismo esfuerzo administrativo en inspeccionar toda la red de baja tensión de la Comunidad Autónoma que en inspeccionar veinte ascensores, porque resulta que una compañía eléctrica que tenga que inspeccionar determinados kilómetros de red de baja tensión -esa red de baja tensión que nos causa incertidumbres, que nos causa intermitencias, que interrumpe el servicio que se presta a los ciudadanos-, le cuesta a una compañía eléctrica el mismo dinero que el dinero que le cuesta a veinte comunidades de propietarios en bloques de viviendas inspeccionar sus ascensores. Esto no tiene ninguna justificación.

Esta Ley es una Ley generosa con los grandes contribuyentes y enormemente dura con los contribuyentes personales y familiares de esta Comunidad Autónoma. Y cuando estamos tan enfáticamente acostumbrados a escuchar proclamas por parte de nuestros gobernantes de lo mucho que hay que cuidar la familia, la verdad es que aquí, en esta Ley, a la familia se la cuida, pero se la cuida en forma de receta, se la cuida en forma de recibo, se la obliga a plantear numerosas cargas, se la obliga a asumir numerosas cargas, a los que, sin embargo, la Administración... con los que, sin embargo, la Administración es muy generosa cuando esas mismas cargas corresponden a las empresas o corresponden a los grandes contribuyentes.

Es decir, es perfectamente posible que un ciudadano de esta Comunidad Autónoma se vea obligado a pagar una tasa por solicitar información medioambiental, aunque este ciudadano sea un investigador o un docente; o que un ciudadano de una Comunidad Autónoma se vea obligado a pagar notabilísimas cantidades de dinero por inscribir propiedades que ha heredado de su padre. Pero, sin embargo, si ese mismo ciudadano es una gran empresa, que va a hacer trabajar a la Administración dos y tres meses por solucionar un problema de contaminación o de corrección de riesgos medioambientales en incumplimiento de la ley, la Comunidad Autónoma de Castilla y León no le va a cobrar ni un duro.

La Comunidad Autónoma de Castilla y León no le va a cobrar un duro a un ciudadano que quiera construirse un palacio en un suelo rústico, pero sí va a cobrar un duro a un promotor de viviendas de protección oficial, para que, naturalmente, ese promotor tenga que deducir esa cantidad de dinero que paga a la Administración del precio del módulo y empeorar la calidad de vivienda que presta a los ciudadanos que vayan a comprarlas.

La Comunidad de Castilla y León llega su paroxismo en defensa de los grandes empresarios hasta un punto a veces casi grotesco. Por ejemplo, esta Comunidad Autónoma es la que tiene tarifas más bajas para los propietarios de plazas de toros de capitales de provincia de todo el Estado español. Sin embargo -eso sí-, si queremos organizar una novillada en un pueblo, vamos a pagar la mayor cantidad de dinero de la que se paga en toda España, porque -al parecer- da lo mismo que se organice una corrida de toros con picadores en una plaza con un aforo de catorce mil localidades que organizar en un pueblo de doscientos habitantes una pequeña actuación taurina en las calles del pueblo. Y esto no es razonable.

No es razonable que cantidades de dinero que se mueven en escalas de uno a mil en cuanto al beneficio económico que producen, en las tasas se muevan en escalas de uno a seis, porque al final resulta que organizar una gran actividad económica es ciento cincuenta veces más rentable que organizar un espectáculo social.

Éste es el problema nuclear de la Ley: la Ley reparte mal las cargas tributarias. Es generoso con muy pocos y enormemente injusto y enormemente oneroso para la inmensa mayor parte de los ciudadanos de esta Región.

Y si la Ley lo que hace es traducir en esfuerzos tributarios el esfuerzo real de la Administración de la Comunidad Autónoma, entonces tenemos una Administración de una Comunidad Autónoma que controla muchísimo a los ciudadanos, pero que en absoluto trabaja en relación con los grandes contribuyentes, con las personas que someten a riesgo el patrimonio o con las que personas que someten a riesgo el medio ambiente. No tiene ningún sentido, ni social ni económico, porque ésta es una Ley antigua, es una Ley antigua, que trata al administrado como se le trataba antiguamente, que reparte las cargas tributarias como se repartían hace cuarenta años. La estructura de algunas de las tasas de esta Ley reproduce fielmente lo que fueron las estructuras de las tasas de los departamentos de la Administración Central del Estado de los años sesenta, con el que fueron transferidas a la Comunidad Autónoma. No hay innovación.

Se llega a aspectos que, realmente, a nuestro Grupo le parecen difícilmente considerables. Por ejemplo: ¿es razonable que una misma fotocopia, en la misma fotocopiadora de la Junta de Castilla y León, valga una cantidad de dinero diferente para el administrado si se solicita a través de una sección administrativa de la Consejería correspondiente o si se solicita a través de otra? ¿Es razonable que eso sea así? ¿Es razonable que el mismo certificado sobre la misma cuestión concreta, si lo expide un organismo de la Administración o si lo expide otro, valga de uno a tres veces en esta Ley? No es razonable. No es razonable porque esta Ley no es una Ley. Esta Ley es un conjunto de subleyes que ha ido haciendo cada departamento de la Administración, en copia mimética de lo que era la legislación que ha venido aplicando hasta la fecha.

Y, entonces, ni siquiera ese... ni siquiera ese tipo de cuestiones formales se han elaborado en la Ley. Ni siquiera se ha establecido una tasa general, ni siquiera se ha establecido una equidad en los cobros, ni siquiera se ha considerado que el mismo certificado debía valer lo mismo. Y aquí hay certificados que cuestan... -y lo detallaremos en el Pleno con ejemplos muy concretos- que cuestan tres cantidades distintas en función de quién lo expide. Y esto no es razonable, porque, además, el certificado ese en cuestión puede ser utilizado para el mismo expediente administrativo, lo que pasa que lo pueden expedir tres departamentos diferentes de la Administración, y en función de eso va a tener tres precios. Y como pasa siempre que en el mercado algo tiene tres precios, pues al final se impondrá el precio más barato, con lo cual los precios más caros dejarán de aplicarse. Y esto es lo que la legislación debía haber previsto, debía haber promediado y debía haber hecho para simplificar el funcionamiento de la Administración, para evitar la picaresca estúpida de que todo el mundo vaya a unos departamentos de la Administración en vez de a otros para pedir esa misma fotocopia que tiene ese precio diferente.

Pero es que, en cuestiones técnicas, esta Ley realmente adolece de una enorme inercia, porque aquí lo que ha hecho la Junta de Castilla y León ha sido aplicar mecánicamente las tasas que venía aplicando y, por cierto, olvidarse de algunas. Y así nos encontramos con aspectos tan pintorescos como los siguientes:

Somos la Comunidad Autónoma de España que tiene más superficie de cañadas, pero somos una Comunidad Autónoma que no establece la protección de las cañadas a través de tasas. Somos la Comunidad Autónoma que tiene la más amplia red de carreteras del Estado español, pero, no obstante, somos la única Comunidad Autónoma que no tiene una tasa de protección del uso del dominio público en las zonas de servicio de las carreteras de la Comunidad. Somos una Comunidad Autónoma que tiene un porcentaje de población escolar muy importante, pero, no obstante, somos de las que más caras cobramos los títulos escolares.

¿Qué sentido tiene eso? Pues ninguno. Porque en algunos casos se deja de recaudar dinero que debería recaudarse no tanto con finalidad recaudatoria, sino simplemente para proteger mejor el patrimonio de la Comunidad. Y en otros casos, sin embargo, cobramos demasiado dinero a las mismas familias a las que luego, sin duda, atribuiremos becas y subvenciones para que les ayuden a pagar el dinero que les cobra la Junta de Castilla y León en forma de tasas. ¿No sería más razonable cobrarles menos dinero en tasas y darles menos subvenciones, por eficacia administrativa? Pues sin duda. Pero, para esto, habría que haber hecho la Ley de Tasas de una manera distinta.

Y la Ley tiene problemas técnicos de tan difícil capacidad de resolución como que es... el tema que hemos discutido mucho en Ponencia sin llegar a alcanzar ninguna solución, y sobre el cual no me voy a detener más de medio minuto, no sin anunciarles que en Pleno algo diremos divertido de este asunto, el tema de los redondeos. Es decir, en España todo el mundo piensa ya en euros, se nos machaca por parte de las Administraciones Públicas para que pensemos en euros, pero la única que no piensa en euros es la Junta de Castilla y León, que sigue pensando en pesetas.

La Ley tiene costas tan pintorescas como la de que, por ejemplo, una determinada fotocopia en una biblioteca de la Comunidad Autónoma tiene una tasa de 0,420807 euros. No sé. Es decir, se puede pensar que el que mata pollos, los mata de cien en cien; o el que mata conejos, los mata de cien en cien; o el que lleva trozos de madera a los servicios de la Comunidad Autónoma, para pagar la tasa correspondiente en materia forestal, evidentemente, no va a cortar un decímetro cuadrado de árbol. Pero, ¡hombre!, una fotocopia se hace, una fotocopia se hace. Y, al final, ¿cómo se puede cobrar a ese ciudadano siete diezmilésimas de euro? Pues no se le puede cobrar, porque las tasas hay que cobrarlas en moneda de curso legal, y, que yo sepa, el euro es moneda de curso legal hasta el céntimo; a partir del céntimo, no hay curso legal de la moneda.

Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que aplicar la ley del redondeo, una ley que tiene ya dos años, que ha sufrido diferentes modificaciones legislativas. Tenemos que aplicar la ley del redondeo para encontrar el valor definitivo de la tasa de la Comunidad Autónoma. Pero ¿por qué tiene el ciudadano que aplicar la legislación del redondeo en materia de euros y la Junta de Castilla y León es incapaz de conseguir, y el Grupo Popular, que es mayoritario en estas Cortes, es incapaz de conseguir que estas Cortes aprueben una Ley pensando en euros? ¿Es que tanto nos cuesta coger la tabla de multiplicar y calcular las cantidades que deben aplicarse de verdad para que la Ley sea inteligible para los ciudadanos?

Es que esto no lo entiende nadie. Y cuando digo que no lo entiende nadie, no lo entienden quienes en estos momentos están informando acerca de las cuestiones del euro. Y me gustaría, en este sentido, no extenderme más, porque en el Pleno nos reiremos un poquito oyendo algunas explicaciones que tienen algún contenido divertido o pintoresco.

En conclusión, la Ley no innova ni crea tasas nuevas que son necesarias, ni suprime tasas antiguas que son inconvenientes desde el punto de vista social y económico. La Ley crea gravámenes a los ciudadanos, a las asociaciones, a las organizaciones no gubernamentales; les obliga a pagar el funcionamiento de la Administración prácticamente en exclusiva, les obliga a pagar el funcionamiento de la Administración como si la Administración solo funcionara para ellos. Y, sin embargo, no tiene en cuenta esa capacidad económica que está en la legislación estatal y que está suficientemente referida en las Sentencias del Tribunal Constitucional, para conseguir que las grandes empresas y los grandes contribuyentes que hacen trabajar a la Administración paguen en la misma proporción, en la misma -ni un duro más ni un duro menos- en la que la hacen trabajar.

La Ley es una ley incorrecta técnicamente. Adolece de falta de coherencia de sus propias disposiciones. Grava de manera diferente el mismo supuesto en función de qué órgano administrativo dicte la resolución o simplemente preste el servicio. No tiene en cuenta ese principio de capacidad. No afecta el dinero de las tasas. ¿Para qué nos sirve esta Ley? Pues, francamente, para poca cosa. Para poca cosa, porque si la Ley en cuestión no se aprobara antes de primero de enero, pues no pasaría nada. Y la prueba -y con esto termino- de que no pasaría nada es que la propia Junta de Castilla y León ya ha introducido en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León una Disposición que prevé que, de no aplicarse la Ley, se dictarían determinadas medidas de incremento de las tasas en el Proyecto de Ley de Presupuestos para el año dos mil.

Pues bien, Señorías, permítanme... vamos, les pido que confíen en mi palabra. Si la Disposición se aplicara y la Ley no se aplicara, nos daría exactamente igual. Todo el trabajo que estamos haciendo aquí en la Ponencia, que vamos a hacer en la Comisión, que hemos hecho en el Pleno, en un Proyecto de Ley que lleva nueve meses en esta Cámara, si casi estamos ante un embarazo... el tiempo de un embarazo, todo este trabajo, al final, va a dar como resultado el parto de los montes, va a quedarse todo como está: no va a cambiar nada. Y lo que va a cambiar, lo que va a cambiar, por mor de la aceptación transaccional de alguna de las enmiendas del Grupo Socialista, merecería una reflexión más profunda, porque ni siquiera nuestras enmiendas parciales son capaces de convertir en coherente este texto, ni siquiera nuestras enmiendas parciales, y porque las enmiendas parciales, incluso, a veces, adolecen de ciertas incoherencias, que son incoherencias derivadas del mal texto que estamos enmendando.

Por terminar y en medio minuto, hacer un comentario a un sector que nos preocupa especialmente y del que quiero dejar referencia concreta en el Diario de Sesiones: lo que está sucediendo con el sector de los mataderos y de las industrias cárnicas de esta Comunidad Autónoma. A este sector, que está pasando un momento de una crisis brutal, que disminuye su capacidad económica, se le han estado cobrando en esta Comunidad Autónoma cantidades que devienen de un acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera entre todas las Comunidades Autónomas que da carta de naturaleza a leyes similares en todas las Comunidades sobre las tasas de sacrificio de animales.

Bueno, este acuerdo nosotros lo estamos cumpliendo, y en la mayor parte de las Comunidades Autónomas del Estado español no se cumple. Como consecuencia de esto, se genera una situación de agravio comparativo que el sector está sufriendo en forma de menores ventas y en forma de pérdida de cuota de mercado. Llevamos dos años discutiendo esta cuestión en las Cortes. Al sector se le han dado palabras que se han incumplido radicalmente. Nosotros hemos presentado enmiendas que entendemos solucionaban el problema, sin disminuir demasiado el cobro de las cantidades que la Comunidad Autónoma realiza a los empresarios del sector; las propuestas que nos ha hecho el Grupo Popular no han sido aceptadas no por nosotros, sino por el propio sector, que entiende que no son propuestas satisfactorias.

Y, por tanto, la Ley va a continuar agudizando y agravando el problema. Va a disminuir algo las tasas, pero con tal nivel de inseguridad jurídica, con tal nivel de ambigüedad y con tal nivel de retraso temporal que el sector va a continuar estando en una grave situación. Y de esto, señoras y señores Procuradores del Grupo Popular, los únicos responsables son ustedes, que pueden hacer las cosas mejor y que, no obstante, no las hacen bien. Y, por lo tanto, nuestra misión, como Oposición, es denunciar que hemos perdido una magnífica oportunidad, si no llegamos de aquí al Pleno a un acuerdo, para resolver un problema serio que amenaza con la viabilidad de las empresas de un determinado sector de actividad económica en nuestra Comunidad Autónoma.

Esto es todo lo que tenía que decir en una primera intervención, y, sin duda, en una segunda habrá posibilidad de dar más argumentos. Le cedo la palabra a mi compañero Antonio de Meer.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor Octavio Granado. Tiene la palabra don Antonio de Meer, también en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO:

Sí. Gracias, Presidente. Con el convencimiento de no, en absoluto, convencer a nadie o, al menos, a los Portavoces del Grupo Popular, pero sí para que en el Diario de Sesiones quede constancia del sentido de las enmiendas concretas que nuestro Grupo ha presentado, yo voy a hacer un relato resumido del espíritu de estas enmiendas tasa por tasa, ¿no?

Hay una tasa referida al Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, y nosotros queremos que en esa tasa se regulen el acceso a este Boletín en soporte informático y el uso gratuito por internet. No parece razonable que en estas alturas del desarrollo tecnológico sigamos hablando de tasas exclusivamente del Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma en papel y no nos demos cuenta de que hay otras maneras mucho más avanzadas de acceder a él y que la Junta no haga ninguna referencia a ellas en sus enmiendas.

Queremos, en la tasa que se refiere a asociaciones y fundaciones, eliminar las tasas de las asociaciones. Yo creo que lo que hay que hacer es potenciar el asociacionismo en esta Comunidad Autónoma y no gravarle, incluso afectar el resto de la tasa en un 25%, precisamente, al fomento del asociacionismo.

Hay una tasa referida a la selección de acceso a la Función Pública, que nosotros queremos también hacer una afectación de esa tasa en un 25% a cursos de formación, a la formación del personal que trabaja para la Comunidad Autónoma, así como introducir exenciones y reducciones para familias numerosas, desempleados o cónyuges e hijos de víctimas del terrorismo.

Hay una tasa que nuestro Grupo ha hecho bastante incidencia en ella, referida a espectáculo y actividades recreativas, que, en primer lugar, debería llamarse "espectáculos taurinos y pruebas deportivas", puesto que en su desarrollo para nada habla de actividades recreativas, y, en todo caso, no creemos que las actividades recreativas genéricas tengan que estar sometidas a ninguna tasa. Queremos limitar, en cuanto a las pruebas deportivas, a las que sean con participación de profesionales o con cobro de entrada. Nos parece, realmente, fuera de toda lógica que se pretendan cobrar tasas para cualquier prueba deportiva, aunque sea entre grupos de amigos, escolares o de cualquier tipo que se celebren en nuestra Comunidad Autónoma, y, sobre todo, mucho más intentar cobrar una tasa cuando no hay ningún cobro de entrada en la misma.

Y en los espectáculos taurinos -ya nos hemos referido en más ocasiones-, queremos pormenorizar el número de hechos sobre los que recae la tasa, y subir algunas de ellas, ya que son, en algunos casos, las más baratas de todo el Estado español. Y, sin embargo, queremos hacer reducciones para municipios de menos de diez mil habitantes.

En materia de juego, nosotros queremos... y esta también es una tasa que es extraordinariamente baja en lo que se refiere a autorizaciones para abrir casinos, salas de bingo o salones de juego, nosotros creemos que en estos apartados puede perfectamente cobrarse unas tasas superiores y, además, afectar el 10% de esta tasa a operaciones, acciones de prevención y rehabilitación de las ludopatías. Nosotros creemos que este es un problema que preocupa en sectores muy amplios de nuestra sociedad y que esa tasa puede perfectamente dedicarse a ese tipo de acciones de contenido social.

Pretendemos nosotros la supresión de la tasa por la supervisión de los proyectos de viviendas de protección oficial. Nos parece que esa es una tasa que pertenece también a otra época, que pertenece a la época en la que el Instituto Nacional de la Vivienda era un organismo autónomo, y que no tiene sentido ahora que la política de vivienda está subsumida dentro de la totalidad de la Junta. Y, en todo caso, si esa supresión no se acepta, tenemos una enmienda para que sean exentas de la tasa las cooperativas, las sociedades municipales de vivienda, las actuaciones en municipios de menos de cinco mil habitantes, o las actuaciones en rehabilitación en municipios que están declarados conjuntos histórico-artísticos.

En el supuesto de que esa tasa fuera -como nosotros pretendemos- suprimida, queremos que se introduzca una tasa en materia de urbanismo. Porque, si complejo puede ser supervisar un proyecto de viviendas de protección oficial para darle la calificación provisional y definitiva y, por lo tanto, tener acceso a ciertos beneficios fiscales, de subvenciones y demás, mucho más complicado es supervisar la documentación técnica que se refiere al planeamiento urbanístico en todos sus aspectos: planes generales, planes parciales, proyectos de urbanización, etcétera, o incluso simples informes o autorizaciones de construcciones en suelo rústico.

Nosotros creemos que estas actividades deben estar sometidas a una tasa con mucha más razón que la supervisión de proyectos de viviendas de protección oficial; que el sujeto pasivo tienen que ser, en todo caso, sólo los promotores particulares, no las Administraciones Públicas, y tenemos enmiendas referidas a cuáles serían las cuotas de cada uno de estos supuestos.

En transportes de carretera, tenemos una enmienda, y tenemos en más tasas una enmienda, en el sentido de reducir las tasas en cambios de titularidad por transmisión mortis causa al 95% de esta tasa y las correlativas en otras... en otras... en otros Capítulos de la Ley hablamos mucho en Comisión... en Ponencia, perdón; pero, sin embargo, no hemos logrado llegar a ningún acuerdo. Queremos también en este caso hacer una afección del 10% de la tasa a medidas dirigidas a la seguridad vial, a la seguridad de la carretera -algo tan relacionado con el mundo del transporte-, y una reducción del 50% en la tasa para el supuesto de que los que soliciten la actuación de la Administración sean cooperativas, sociedades de transportistas constituidas por desempleados, o por concesionarios de itinerarios subvencionados por la propia Junta de Castilla y León.

En la tasa de industrias agroalimentarias, ya hemos hecho referencia en otras ocasiones que pretendemos ajustarla para que no sea más alta la tasa de apertura de pequeñas industrias agroalimentaria que de industrias con carácter general, y ahí hay unas enmiendas en ese sentido. O también -repetimos- el tema de las transmisiones, los cambios de titularidad por transmisión mortis causa y las bonificaciones en el supuesto de agricultores a título principal, jóvenes y cooperativas.

En tasa de materia medioambiental, nosotros pretendemos que esta tasa sea por evaluación y declaración de impacto ambiental, auditorías e informes. No tiene sentido intentar implantar una tasa por información medioambiental y, sin embargo, dejar que las operaciones de declaración de impacto ambiental o las auditorías medioambientales que requieren a la Administración de la Comunidad Autónoma un importante esfuerzo técnico y administrativo para responder a la enorme presión que en este momento existe, por ejemplo, aunque sólo sea en el tipo... en las operaciones de construcción de parques de energía eólica o granjas ganaderas de una cierta... de una cierta entidad, ese esfuerzo enorme que tiene que hacer y está haciendo la Administración de la Comunidad Autónoma no esté tasado de ninguna manera y, sin embargo, se quiera tasar simplemente la información medioambiental. En ese sentido, nosotros introducimos esta nueva tasa.

Nosotros en materia forestal y vías pecuarias queremos diferenciar las dos materias, queremos que sean dos tasas distintas, que en el caso de la materia forestal, además, un 50% de lo recaudado se dedique a la lucha contra los incendios forestales, y que la nueva tasa de vías pecuarias no hable sólo -como habla en la Ley que presenta la Junta- de actuaciones, actividades sobre la vía pecuaria, sino que hable también de todas estas actuaciones que... sobre las que se solicita autorización en las vías pecuarias, como puede ser atravesarlas por tuberías, cables, accesos, etcétera.

Queremos, en lo que corresponde a caza y pesca, hacer enmiendas referidas, en el tema de la pesca, a la afección del 50% de lo recaudado a la conservación de los ecosistemas fluviales de la Comunidad Autónoma, y queremos sustituir el sistema de exenciones -creemos que pintoresco- que establece la Ley de la Junta por uno general para jubilados, pensionistas y menores.

Nosotros queremos en el tema de archivos, museos, bibliotecas y patrimonio histórico, unificar de alguna manera estas tasas, quitar las contradicciones que existen en cuanto a las cuantías de las tasas por acceso de planos, o por acceso de fotocopias que aparecen distintas en cada una de las tasas, pero, sobre todo, queremos afectar parte de estas recaudaciones a los programas correspondientes. Nos parece que tanto los museos, las bibliotecas como los archivos pueden, perfectamente, dedicar al mantenimiento de los servicios parte de la tasa recaudada. Pero, sobre todo, queremos también que, en todo caso, exista una reducción del 50% de la tasa para proyectos de investigaciones, difusión, acreditados por la Administración. Porque esto existe en una de ellas y, sin embargo... -en la de museos- y, sin embargo, no existe y parecería plenamente aceptable que lo mismo ocurriera en archivos, bibliotecas o patrimonio histórico.

Ya nos hemos referido antes a intentar rebajar y simplificar las tasas por la obtención de títulos académicos y profesionales, como a las tasas que intentan en industria y energía incrementar las tasas de lo que se refiere a las grandes compañías, a las grandes líneas de distribución, bien sea eléctrica o de gases, gasoductos, oleoductos; reducir, sin embargo, las que corresponden a las personas particulares o a las comunidades de propietarios. Queremos introducir exenciones... exenciones en aquellas actividades que se refieran a energías renovables, a entidades sin ánimo de lucro para creación de empleo, a la Cruz Roja, ONG, en centros sanitarios o sociales.

Queremos suprimir la tasa por inspección de obras; ésta es otra tasa de las históricas que se aplica o no se aplica en cada una de las Consejerías, en función del Ministerio de origen. Y, por lo tanto, aquellas Direcciones Generales, en este momento, de la Junta de Castilla y León cuyo origen está en el antiguo Ministerio de Obras Públicas aplican esta tasa: Dirección General de Carreteras y en la Dirección General de Medio Ambiente en lo que se refiere a calidad de agua. El resto de las Direcciones Generales de la Junta de Castilla y León, para nada cobra una tasa por inspección de obra. Nosotros creemos que éste es un funcionamiento de la Administración absolutamente basado en tradiciones que no se justifican en absoluto. Nosotros creemos que esta tasa debe desaparecer. Pero, sin embargo, creemos que deben aparecer tasas nuevas: una sería por las actividades de la Junta en lo que se refiere a la aplicación de la legislación de ordenación comercial.

La Comunidad Autónoma tiene unas actuaciones en lo que se refiere a la segunda licencia o primera licencia de actividad comercial para grandes superficies y en las revisiones anuales que sobre este asunto debe hacerse, y, sin embargo, ahí no se cobra ninguna tasa. Queremos una tasa en materia de defensa de las carreteras, una tasa que tienen, prácticamente, todas las Comunidades Autónomas y que en Castilla y León -ya se ha dicho antes-, la Comunidad Autónoma que tiene una red de carreteras más amplia, desaparece esta tasa, y que, por tanto, a partir de ahora, todas las autorizaciones de ocupaciones, obras, paso de cables, tuberías subterráneas, lo que sea, a lo largo de las carreteras no van a tener ninguna tasa y requieren un trabajo muy importante de la Administración fijando distancias, fijando condiciones.

Queremos, por último, resolver el problema que se crea en los mataderos, en relación con las tasas que no se cobran, que se cobra en Castilla y León y no se cobran en el resto de las Comunidades Autónomas. Y en ese sentido tenemos también un número suficiente de enmiendas.

Bueno, estos son, en la práctica, la síntesis de las enmiendas parciales que nuestro Grupo ha presentado a este... a este Proyecto de Ley; relación escueta de las mismas he hecho para que conste en el Diario de Sesiones, y sin ningún convencimiento de convencer al Portavoz o a los Portavoces del Grupo Popular. Nada más, gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor De Meer. Para responder a todas las cuestiones planteadas, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, don Francisco Aguilar.

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO:

Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes. Realmente, con el convencimiento que usted ha pedido convencernos, que ha sido muy poco y muy escaso, pues mal va usted a convencer al Grupo Parlamentario Popular. Lo ha dicho usted, bueno, pues, como diciendo: vamos a ver qué pasa.

Pero yo quiero decirles, sinceramente, a los dos intervinientes del Grupo Parlamentario Socialista en esta Comisión, en primer lugar, lo siento. Yo creo que en Ponencia hemos hecho un gran esfuerzo todos por intentar llevar adelante la aprobación de alguna de las enmiendas; en Comisión también, evidentemente, lo deberíamos de hacer, aunque hay cuestiones que todavía están pendientes de perfilar por mi Grupo; no por falta de tiempo, sino porque queremos hacerlo bien. En definitiva, algunas se trasladan de la Ponencia a la Comisión, pero se trasladarán en pleno y no duden ustedes que alguna de las enmiendas, evidentemente, y digo públicamente -y así constará en el Diario de Sesiones-, se van a aprobar.

Pero, mire usted, señor Granado, a mí no me importa que la Ley sea la primera o sea la última; lo que me interesa es que sea una ley buena. Lo que me interesa es que sea una ley buena y que, realmente, responda -como no puede ser de otra manera-, primero, al sentido que debe tener una ley de este tipo y, en segundo lugar, que dé respuesta a lo que es una tasa, que es el cobro de un servicio -como usted bien ha dicho-, y que está perfectamente delimitado en función de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional y que yo en eso, por supuesto, no voy a entrar, porque es así, y, por lo tanto, tengo que decir que nada hay que enmendar, ni nada hay que poner, nada hay que añadir y nada hay que quitar.

Pero hay una cuestión que es un común denominador en la mayoría de las enmiendas que ustedes presentan, que es la afectación de las tasas. Y me voy a referir, ya sea en carreteras a la conservación de carreteras, ya sea tasa forestal para la prevención de incendios, ya sea la de pesca para la conservación del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera; hay una afectación.

Bueno, primero, al respecto, señalar que hay tasas que por su cuantía, por la escasa recaudación que presentan esas tasas -y, por supuesto, los antecedentes ahí están-, evidentemente, no puede llevarse adelante ningún tipo de programa ni actuaciones que no sean las que están presupuestadas.

Y, por otra parte, decirles a ustedes, en ese sistema de la afectación, por el cual ustedes prácticamente presentan una enmienda en ese sentido en cada uno de los... de las tasas que aparecen en la Ley, decirles a ustedes que eso, precisamente, es lo que diferencia a la tasa de un impuesto. Es decir, el impuesto puede afectarse, la tasa no debe de afectarse. Yo creo que esto, evidentemente, debe de ser así y, por lo tanto, así se lo participo a ustedes.

Mire usted, respecto a otro tema que plantean: capacidad económica. Yo creo que la tasa, al tratar de cubrir la prestación de un servicio, tiene su memoria económica y, en definitiva, la tasa sale a lo que sale. No sale ni a lo que la Administración quiere, ni sale, por supuesto, ni más cara ni más barata. Sin embargo, en sus enmiendas -y yo no voy aquí a hacer relación de ellas, pero también lo contaré curiosamente en el Pleno, tal como se me ha dicho por el Portavoz, señor Granado-, hay curiosidades en sus enmiendas, y es elevar las tasas sin más, o es disminuir las tasas sin más. O es, ni aumentarlas ni disminuirlas, sino que cuando crean una nueva ponen lo que les conviene. ¡Claro!, realmente, eso, pues dicho así, ¿a qué criterio corresponde?, ¿a qué estudio económico corresponde?, ¿a qué memoria económica corresponde? Ciertamente, dejo ahí el interrogante, para que ustedes en el segundo turno lo contesten si lo tienen a bien.

Pero si la tasa es consecuencia de la prestación de un servicio y del coste de la prestación de su servicio, ese servicio lo que no puede es, arbitrariamente, o de una manera aleatoria, o porque sea un jubilado, o porque sea un pescador de más de sesenta y cinco años o de menos de sesenta y cinco años, o porque sea un cazador, o porque sea un señor que utiliza las vías pecuarias, decir: "vamos a eximirle de ello".

O también tienen ustedes la exención dirigida y planteada -yo creo, y permítanmelo, afectuosamente se lo digo- en unos términos de cierta demagogia. Es decir, ustedes ¿por qué quieren que las cooperativas no paguen determinadas tasas en materia de vivienda, cuando hay cooperativas potentísimas, potentísimas, que mueven miles de millones de pesetas al año, que hacen cientos de viviendas -y no de protección oficial precisamente-, y que hacen viviendas de lujo, y que, en definitiva, ustedes, ustedes, lógicamente, a través de alguna enmienda, las protegen de una manera que no paso a entender?

Porque me dicen ustedes: viviendas de protección oficial, la tasa evidentemente, es... se debía de suprimir en este tipo de viviendas. Yo ahí respondo muy claramente una cosa, y aunque parezca... y aunque parezca que la respuesta... dirán ustedes: pero ya se encargará de repercutirlo por otro lado. No puede ser: si es una vivienda de protección oficial hecha por un promotor privado, hecha por una cooperativa, hecha por una asociación, hecha por quien ustedes quieran, sale el metro cuadrado tasado a pesetas tantas, sale el metro cuadrado en venta a pesetas tantas. ¿Y quién pagará lo que hay antes de llegar a ese resultado económico de pesetas tantas/metro cuadrado? Pues lo pagará quien ha promovido, quien ha construido, quien ha llevado adelante la edificación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si hay un precio tasado final, pues, mire usted, el coste lo tendrá que soportar quien tenga que soportarlo, quien utiliza ese servicio y quien, en definitiva, está llevando adelante un proyecto de edificación de viviendas de protección oficial, pero yo creo, honradamente, que sin repercusión al comprador final, al usuario final, porque el precio serán o 100.000 ó 60.000 ó 79.000 ó 90.000, según pueda corresponder. Por lo tanto, yo creo que ahí no deja de ser un artificio, que queda bonito, que queda bien en un planteamiento ante esta Comisión, o en un planteamiento ante el Pleno, pero que es fácilmente desmontable, como le estoy diciendo a ustedes. Si no estuviésemos en un precio tasado, evidentemente, se repercutiría como coste cualquier actuación que ante la Administración se pudiera dar; pero yo creo que el precio lo engloba absolutamente todo.

Mire usted, que en esta Comunidad exista... que en esta Comunidad exista una tasa en torno a los espectáculos taurinos en los términos que, evidentemente, ha sido criticada aquí por ustedes, y que digan que son la tasa más barata que existe para una corrida de toros, concretamente, y la más cara que existe para una novillada, aunque, precisamente, para los festejos taurinos que se celebran en los pueblos sea más cara, hay que enterarse bien de las cosas. Es decir, donde cuesta más, donde mayor coste tiene la Administración, donde más incide el coste de la Administración es en un espectáculo taurino montado en un pequeño pueblo: desplazamiento de servicios sanitarios, desplazamiento de reconocimiento, desplazamiento de aparejadores, desplazamiento de aparejadores para ver las plazas portátiles, desplazamientos a efectos de ver los seguros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuesta más que en la plaza de toros de Valladolid. Es así; lamentablemente, pero es así. Y, entonces, lo que no podemos son crear bulas o situaciones en las cuales, como usted tiene menos de cinco mil habitantes o usted tiene menos de diez mil, le va a salir más barato cuando es más cara, cuando es más cara; porque, evidentemente, lo es, porque evidentemente lo es, toda vez que las plazas importantes cuentan con otros medios, tienen, por supuesto, menor control en el sentido de que son precisos menores controles puesto que tienen mejores instalaciones, y, en consecuencia, en los otros lados no sucede lo mismo.

Bueno, que un certificado para ustedes sea para todos café... yo también quiero que quede constancia en el Diario de Sesiones que por qué cualquier certificado... ustedes lo ponen a 6 euros; pues, realmente, merecería una explicación. No es lo mismo certificar quien sea de una sociedad agraria de transformación o quien sea, por ejemplo, de una cooperativa el Presidente, no es lo mismo certificar eso que certificar, por ejemplo, sobre el depósito de cuentas anuales que se haya podido realizar por una SAT en la Consejería de Agricultura. No es lo mismo. La certificación no es la misma, la investigación no es la misma, ¿por qué ustedes quieren poner a todo 6 euros? Yo no lo entiendo. En lo de "para todos café", a mí me parece que es algo que realmente no está muy bien pensado y que debían ustedes de rectificar en función de la tasa que corresponda.

Yo estoy de acuerdo que llegar y solicitar un certificado en el que me digan, concretamente, "pues, mire usted, quiero que usted me certifique -a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social- la existencia de un matadero en tal sitio", "pues, mire usted, le certifico que existe un matadero en tal pueblo de la localidad", a decir: "no, quiero que me certifique usted las instalaciones de ese matadero y me diga usted si están adecuadas en su sistema sanitario, o me diga usted cómo se encuentra ubicado, o qué tipo de licencia de actividad le dieron ustedes en el año 79, o en el año 77, o la licencia de apertura y me la certifique... Es muy diferente. Y, sin embargo, le digo que ustedes tienen un montón de enmiendas -no sé si veinte, treinta o dieciocho enmiendas-, concretamente, con la misma cantidad: 6 euros.

Y, realmente, nosotros, por más esfuerzo que hemos querido hacer en ese sentido, comprenderán que es imposible el que lleguemos a un acuerdo.

Yo creo que una Ley no es gravosa para nadie, porque si una Ley es gravosa para alguien, es una mala Ley. Yo creo... no, no, yo creo que una Ley, si es gravosa para alguien, es una mala Ley. Y, evidentemente, si esta Ley lo que cobra es un servicio y el servicio, es el que ha solicitado el ciudadano, lógicamente, no hay tal gravamen, sino que hay tal prestación. Interprétenlo ustedes bien lo que estoy diciendo. Otra cosa sería que el servicio no se hiciese o se hiciese mal, en cuyo caso, lógicamente, la Ley tendría que remediarlo en alguna medida.

Por lo tanto, yo, que estoy... estamos absolutamente tranquilos en nuestro Grupo, en el sentido que estamos convencidos que lo que se ha llevado en las memorias económicas en este Proyecto de Ley que estamos debatiendo es la realidad.

Y a usted le voy a decir una cuestión que me ha debatido en Ponencia y que me han dicho, bueno, que las memorias económicas, evidentemente, están pensadas en pesetas, retomando un poco y dando un salto al vacío, en el sentido de que luego se ha hecho simplemente la transformación en euros.

Y le voy a ir a las carnes. Ustedes saben, como nosotros, que ha habido multitud de expedientes, de recursos y de juicios donde se ha solicitado a la Administración, por la Sala de lo Contencioso, el que se aporten las memorias económicas. Y resultaría, en ese tema gravoso que yo decía antes de la Ley, resultaría que si la memoria económica no respondiese a la realidad, existiría un problema de nulidad de la tasa.

Por lo tanto, con las tasas no cabe jugar ni con demagogias, ni cabe jugar con criterios que no sean los meramente económicos o economicistas. Es decir, mire usted, vale 7 pesetas, yo cobro 7 pesetas. Admito la anécdota de los 0,017772 céntimos o milésima; la admito como anécdota, pero no como realidad económica, que es diferente. Ése es un razonamiento que, cuando ustedes quieran, lo hacemos en el Pleno también, aunque exista, evidentemente, la imposibilidad del ciudadano de cumplir hasta ese límite con esa milésima, o diezmilésima, o cienmilésima de céntimo que se le pida en determinada tasa. Pero eso es una realidad económica, y, evidentemente, se redondeará, porque habrá que redondearlo.

Por lo tanto, no deja de ser, pura, simple y llanamente una anécdota con la cual nos podemos divertir, pero que, ciertamente, ni implica para que la Ley sea buena, o para que la Ley sea mala, o para que la Ley sea gravosa o la Ley no sea gravosa.

Yo estoy de acuerdo y voy a tratar de que... quiero dejarlo muy claro, de que certificaciones que se expiden, medioambientales, para investigadores, para escolares, para... siempre que no sean editadas, siempre que no sean editadas, pudiesen gozar de la gratuidad o de la exención en esos determinados supuestos. En otros supuestos, por supuesto, donde se dé mapa medioambiental o se dé una información medioambiental que luego aparezca en alguna memoria... o en la que aparezca publicada por una entidad que se ha dedicado a hacer un libro en función de tal o cual paraje, o tal o cual cañada, o tal, eso me parece que, lógicamente, no debe producirse. Y ahí es donde tenemos que ser cautos, en el planteamiento. Pero estamos estudiando la posibilidad de poder llevar adelante una actuación en ese sentido.

Respecto, concretamente, a los... al problema de los redondeos, ¿qué le voy a contarle a usted que no sepa, que es un usted un experto en estas cuestiones, y donde usted ha hecho un estudio de cuánto suponen los redondeos hacia arriba o de cuánto suponen los redondeos hacia abajo? Y que sabe usted que yo ese estudio le tengo, y ciertamente lo he leído y he intentado ver la posibilidad... Pero claro, nos encontramos con que, concretamente, en la Ley de Adaptación al Euro existen determinadas cuestiones que me impiden y nos impiden esos redondeos. Y yo también en Pleno se las voy a decir. Y, lógicamente, no puedo hacer ningún tema crítico en función de ninguna chanza -¡no, por Dios!-, sino porque, ciertamente, eso es así y lo tenemos que tener en cuenta.

Dicen ustedes que no innova la Ley, que no crea y que no suprime. Bueno, la Ley no innova las tasas que ustedes plantean como nuevas, la Ley no crea las tasas que ustedes plantean como nuevas y la Ley no suprime las tasas que son necesarias, evidentemente. Pero es que no se trata de innovar, ni de crear ni de suprimir. Se trata, simplemente, de aplicar lo que a un ciudadano que tiene que pedir una actuación a la Administración le tiene que... tiene que satisfacer en función del servicio que se le ha prestado y del beneficio que para el ciudadano ha supuesto la prestación de ese servicio. No estamos ni ante una Ley creadora, ni innovadora ni supresora de nada; estamos ante una realidad económica que estamos tratando de regular.

Y vamos al gran tema de la Ley, el gran tema de la Enmienda -si no recuerdo mal- 103 al Artículo 117 que ustedes han planteado.

Nosotros tenemos ahí una enmienda, y, ciertamente, esa enmienda -voy a hacer también la defensa de la misma, ¿eh?-, se trata de una enmienda que ustedes conocen y saben que hay una normativa europea, que hay un acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que obliga, efectivamente, en los mataderos a tener unos servicios veterinarios y que, además, produce unas exenciones, porque esos ganglios de las reses o de los ganados que ahí sacrifican sean, evidentemente, analizados por esos servicios veterinarios, tienen unas deducciones, están recogidas en la Ley. Y ésa es, prácticamente, la enmienda de ustedes, la misma enmienda que nosotros tenemos. Si usted la analiza, ustedes más cara en la deducción, más alta en la deducción, y nosotros un poco menor en la deducción.

Pero vamos a ser muy claros: aquí ¿los grupos de presión? No, señor Granados, aquí estamos legislando para todos. ¿Que un sector, que un sector, el cárnico, se queja y dice que su situación es insostenible? Pues yo le diría a usted que convendría saber, por ejemplo, las inversiones que se han hecho por las industrias cárnicas en los últimos tiempos estando vigente la Ley de Tasas, para que vea usted que no están en esa situación tan crítica, y que son instalaciones bastante rentables y que, ciertamente, tienen el derecho de poder ir a sacrificar el ganado donde más barato le cueste; indudablemente. Pero de llegar de eso a pensar que hay que producir la minoración de una tasa, cuando es el coste de un servicio.... -como diría usted- de unos servicios sanitarios porque haya unos grupos que, evidentemente, estén presionando, y que nosotros, igual que ustedes, hemos atendido y que hemos intentado solucionar el problema, me parece que no es de recibo. Aquí estamos legislando para todos, no estamos legislando en función de lo que nos pida un grupo o nos pida otro grupo. Nuestra labor como legisladores en esta Comunidad es hacer una legislación horizontal y no una legislación en función de lo que cada uno nos quiera pedir.

Por lo tanto, yo creo que no debe producirse ese argumento en torno a que los mataderos sean... aunque sea una realidad, pero que yo no comparto en el sentido de ese sistema que usted me ha participado de ruina, de crisis, etcétera, etcétera, porque -repito- ahí están las inversiones y la progresión de los mataderos.

Hemos presentado propuestas, señor Granado, y usted ha reconocido que hemos presentado propuestas y que hemos intentado en algún medio... o por algún medio el que un párrafo que a usted le preocupaba mucho de esa enmienda -en el párrafo segundo, concretamente, el apartado último de la enmienda-, criterio discrecional -tal vez- de la Administración, para poder evaluar hasta dónde llegaban esos sistemas de autocontrol o no llegaban esos sistemas de autocontrol, bueno, lógicamente, hemos hecho una propuesta de una Disposición Adicional que no ha sido aceptada, porque dicen: "es que nos perjudica todavía más". Bueno, pues yo creo que, ciertamente, lo que no podemos es estar al vaivén de lo que nos quieran comentar o nos quieran decir, por muy importantes que sean unos empresarios o por muy importantes que sean los sectores a los cuales tengamos que, evidentemente, que escuchar, pero no que plegarnos -por supuesto- a situaciones en las que incluso algunos de ellos, como ustedes saben, tienen resoluciones judiciales firmes, tienen resoluciones que han de ser en su momento ejecutadas y que, ciertamente, no podemos hacerlo.

Y ahora voy a referirme a algo, por ejemplo, que podría decírsenos en contra de este planteamiento: "es que en Cataluña han conseguido solucionar el problema". No, no han solucionado el problema. Los empresarios han constituido una Fundación en Cataluña, y entonces resulta que, a través de esa Fundación, están obviando el cumplimiento de una normativa -bajo mi punto de vista, como parlamentario se lo digo a usted-, y resulta, también, que le cuesta 5 pesetas más el sacrificio que aquí, a pesar de que, técnicamente, parece que es mejor lo que han hecho. Pues no es así, cuesta 5 pesetas más el sacrificio y cuesta, por lo tanto, más dinero sacrificar en Cataluña que aquí.

¿Por qué vamos, señor De Meer -lo de siempre-, a hablar de la afectación en tema de juego, en tema de supervisión de proyectos de VPO, en las tasas, concretamente, de transportes por carretera, etcétera, etcétera? Bueno, pues no hay afectación; le he dado a usted ya la razón de que no existe tal afectación. Por nuestra parte, no la vamos a considerar la afectación.

Sí vamos a considerar todas las enmiendas -eso lo hemos tratado y no descubro nada, y llegaremos a un acuerdo, sin duda, a una enmienda...- y vamos a aceptar todas las enmiendas que ustedes han presentado -no sé si son ocho, diez, o doce o catorce- en torno a la reducción del 95% en los cambios de titularidad cuando sean herederos forzosos -padres, hijos, ascendientes, descendientes-, según lo que determina el Código Civil en torno a ese... a ese planteamiento de los herederos forzosos. Lo vamos a aceptar llegando al acuerdo de una enmienda transaccional que nosotros les vamos a presentar a ustedes.

No vamos a crear ninguna tasa urbanística nueva, no vamos a crear ninguna tasa urbanística nueva; de ninguna manera. Por lo tanto, el tema urbanístico es bastante más complejo -y usted lo conoce muy bien, señor De Meer- que el poder decir aquí "creamos una tasa". Tendríamos que hacer todo un estudio de la legislación urbanística para poder, en algún caso, contemplar alguna vez la creación de alguna tasa en relación a lo que usted nos plantea, aunque parece .....

Por ejemplo: tasa de ocupación de suelo rústico ..... que ustedes la plantean -estoy hablando sin un solo papel y con absoluta memoria-. ¿Por qué no vamos a cobrar el suelo rústico una tasa al señor que haga un hotel? ¿O es lo mismo que hacer una vivienda? Ustedes, sin embargo... para ustedes es igual. Habría que hacer, por tanto, distinciones. O que haga un gran complejo, un campo de golf. Habría que hacer muchas distinciones; ustedes, sin embargo, la hacen.

Yo comprendo que está muy limitado el campo también -permítanme- de actuación en el sentido de cómo tendríamos que hacer una Ley nosotros y, evidentemente, lo que hacemos son unas enmiendas a una Ley, pero yo creo que está falto de mucha matización el tema que usted nos plantea.

¿Tasa en materia de defensa de las carreteras? Pues, mire usted, le digo que la estoy estudiando, porque reconozco que si se produce una actuación de un particular -o de quien fuere- en torno a taladrar una carretera porque hay que pasar una tubería, o un puente, porque hay que pasar por debajo una instalación de gas, lógicamente, eso supone, evidentemente, el que se pudiese llevar a cabo el cobro de alguna tasa en ese sentido.

Las industrias agroalimentarias tampoco tienen una tasa en función de la inversión, sino que es inversa a la inversión; por tanto, tampoco hay que rasgarse las vestiduras. Yo creo que, en definitiva, eso no está tampoco mal.

Y en cuanto al acceso a la Función Pública, por ejemplo, existen exenciones, existen exenciones -lo dice la propia Ley- y, por lo tanto, a ellas son a las que nosotros nos vamos a ceñir.

Respecto al tema de los espectáculos, me parece que es una tasa donde, evidentemente, se habla de espectáculos en la Ley, y ustedes dicen "promociones deportivas" -o algo así, por el estilo-, con cobro, sin cobro, de primera o segunda división los espectáculos, pero realmente el asunto es el mismo. Es decir, si la Administración tiene que acudir a montar un campeonato de no sé qué en Rodilana y tiene que establecer unos controles, y tiene que decir dónde está el campo, y tiene que decir que aquello está bien, pues cuesta un dinero. Y yo le digo a usted: ¿y no concurre allí nadie? Pues no, los de Rodilana. Pero si hay que ir, porque, evidentemente, hay que llevar a cabo alguna actuación, cuesta un dinero y hay que cobrarla.

Dice usted que exención allí, dice usted que exención ahí. Bueno, pues yo creo que no es motivo para exencionar una actuación en ese sentido. Otra cosa sería que los cobros de profesionales -que, evidentemente, también lo han planteado ustedes- que acudan a un acto deportivo, unos profesionales, con cobro de una entrada, o un acto festivo con cobro de una entrada, se pueda establecer algún tipo... bueno, ¿de tasa? ¿Cómo la establecemos? ¿en función de la figura que va? ¿En función del cobro de la entrada que se produce? ¿O en función de lo que cuesta? Porque a mí, el que sea con o sin pago... Es un tema muy delicado para llevarlo adelante. Con pago, ¿por qué? Y sin pago, ¿por qué no? La actuación de la Administración será igual de una manera que de otra. Otra cosa será el beneficio que un privado lleve a cabo en ese espectáculo, o en esa fiesta, o en esa actuación deportiva, o en ese sistema que lleve adelante.

Ése sería un tema que habría que estudiar -yo creo- con mayor detalle y con mayor profundidad también.

Lo de las fotocopiadoras yo creo que se queda en una pura anécdota; por qué una fotocopia vale no sé qué en tal sitio o no sé cuál en cual otro, para mí es anecdótico. O sea, eso no me referencia para nada una Ley de Tasas, de ninguna de las maneras, ¿no? En definitiva, bueno, si de la anécdota queremos hacer la ley, pues hacemos la ley de la anécdota, pero la Ley es otra cosa totalmente diferente.

Y yo creo que, más o menos, de acuerdo con mis notas, les he contestado a ustedes. Sin duda vamos a mantener las mismas posiciones, pero yo sigo participándoles que, efectivamente, nosotros les vamos a presentar, nuestro Grupo Parlamentario, unas enmiendas transaccionales sobre los aspectos... ya he dicho ninguna, por supuesto, le podemos presentar en torno a la afección, ninguna, en absoluto.

Y respecto a las exenciones, yo creo que hablar de la Cruz Roja, o hablar de los jubilados, o hablar de los pensionistas, pues yo creo que hay que perfilar muchas cosas. Miren ustedes, hay pensionistas y jubilados anticipados con cincuenta años y hay pensionistas y jubilados con sesenta y cinco. Y ustedes, sin embargo, quieren que en alguna tasa la exención sea completa, para todos, para todos. Ponen ustedes "pensionistas" sin más. Yo creo que no es de recibo tampoco el llevar adelante y a esos extremos la actuación de que la Administración tenga que renunciar a determinadas cuestiones, o que un señor, ¿eh?, digan ustedes simplemente que por pertenecer a familia numerosa debe de eximírsele de tal o cual tasa, cuando a lo mejor es muy rico por su casa ese señor y sea familia numerosa. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver que un señor por ser familia numerosa -me parece que dicen ustedes de primera o de segunda, algo así, en algunas enmiendas- por qué no se le va a cobrar la tasa correspondiente, si a lo mejor es multimillonario? Y no tenemos por qué hacer esa distinción. ¿O tendría que presentar la Declaración de la Renta tal vez para acreditarlo?

Es decir, les decía a ustedes que hay algunas tasas que ustedes presentan con cierto criterio de demagogia, tal vez poco pensadas. Yo no dudo de la buena intención, yo no dudo de la buena intención. Pero no es menos cierto que, claro, se producen también agravios comparativos si ustedes eximen del pago de determinadas tasas a determinadas personas y a otras, sin embargo, no.

¿No creen ustedes que, por ejemplo, una tasa que tienen ustedes presentada respecto a la exención de los montes públicos, debiéramos también meter los montes privados? Que no dicen ustedes nada, por ejemplo. Digo por qué: ¿no le cuesta... no le cuesta a la persona que tiene un monte el conservarlo y el mantenerlo? ¿No le cuesta, evidentemente, y no debiéramos de eximirle de alguna tasa cuando tenga que pedir realmente autorización para lo que fuere? Pues, posiblemente, habría que pensarlo. A lo mejor les presento a ustedes una enmienda transaccional en ese sentido -a ver si ustedes también la aceptan-, ¿eh?, en el sentido que también los montes privados tengan el mismo tratamiento, o en los convenidos, o en los concertados que los montes públicos, ¿eh?, por ejemplo, por ejemplo. Y a lo mejor se la presento a ustedes, de acuerdo con la reflexión que hay que hacer al respecto, y posiblemente ustedes estén de acuerdo, y entonces a los montes privados también les eximimos de ello.

Bueno, pues esto es, en definitiva, lo que yo he podido ir tomando de las notas rápidas en el transcurso de la intervención de ustedes. Si alguna cuestión más van a plantear, posiblemente lo que les he dicho -sujeto a crítica, como no puede ser menos- no les convence, pero, realmente, nosotros no podemos hacerlo de otra manera.

Yo quiero aprovechar... ¿es posible ya aprovechar para defender la enmienda que tenemos presentada? ¿O habría otro turno? ¿Habría otro turno?

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR HUIDOBRO DÍEZ):

Señor Portavoz, tendría un turno nuevo para...

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO:

Vale. Pues son solamente dos, pero, en definitiva, lo haríamos en otro turno. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR HUIDOBRO DÍEZ):

Por el Grupo Socialista, para réplica, tiene la palabra, en primer lugar, don Octavio Granado.

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ:

Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Las intervenciones del señor Aguilar sugieren mucho la réplica, y, en este sentido, como son muy sugerentes, vamos a la réplica, ¿no?

Y, además, es que yo creo que el señor Aguilar nos ha dado muchos argumentos para defender nuestras enmiendas, ¿no?, porque, claro, el señor Aguilar define principios generales. Yo le quiero, simplemente, señalar un par de cuestiones.

Todas las enmiendas de exención, de afectación, de modificación o de creación de nuevas tasas que nosotros hemos introducido en esta Ley son tasas que ya existen en Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular o en las que el Partido Popular ha votado a favor. Lo que le quiero decir: abandone usted cualquier tentación de señalar incoherencia, innovación, demagogia, porque si nosotros somos demagogos por solicitar una exención que ha aprobado la Comunidad de Madrid, entonces el señor... el demagogo es el señor Ruiz Gallardón. Entonces, dese usted por reproducido los argumentos. Yo creo que sus compañeros no hacen demagogia. Y si sus compañeros no hacen demagogia, nosotros tampoco; y si nosotros hacemos demagogia, sus compañeros hacen demagogia. Y no creo que se merezca ese trato de usted. Usted es una persona seria y solvente y, en este sentido, estoy seguro de que no va a llamarle demagogo al señor Ruiz Gallardón por imponer una tasa en materia de urbanismo, o no va a considerar que el señor Ruiz Gallardón hace demagogia cuando exime de determinadas tasas para la consecución de empleos públicos a las víctimas... a los hijos de las víctimas del terrorismo, ¿eh? Yo creo que vamos a mantenernos en una discusión razonable.

Y, luego, cuando nosotros hacemos enmiendas de bonificación o imponemos nuevas tasas, lo hacemos también con las cuantías que han aprobado Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular. Piense usted, señor Aguilar, que nosotros no somos tan ligeros de cascos o de... o de enmiendas. Y, en este sentido, fíjese usted si son solventes nuestros cálculos que coinciden con las enmiendas... con las tasas aplicadas por Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular.

Donde nos encontramos con esa ligereza es, precisamente, en el Proyecto de Ley, y voy a intentar explicarle algunas de las cuestiones que usted ha suscitado. Porque, claro, usted dice: "hombre, es que la tasa... tiene que mantenerse al principio que la tasa sale a lo que sale". Claro. Pero es que, mire usted, cuando uno lee en el Proyecto de Ley que la misma fotocopia si la hace la Biblioteca cuesta 15 pesetas o si la hace el Servicio de Cultura cuesta 20, uno llega a la conclusión de que o la fotocopiadora es esquizofrénica -cosa que no es posible, porque las máquinas no padecen enfermedades mentales, a no ser que ustedes hayan descubierto esto en los últimos días-, o que, realmente, el que es esquizofrénico es el que ha redactado la Ley, porque la misma fotocopia cuesta diferente si la encarga un funcionario o si la encarga otro. Y la misma fotocopia del Boletín vale distinto si se la pido al bedel del Servicio Territorial de Cultura o si se la pido al bedel de la Biblioteca o del Archivo: la misma, en un caso me cuesta 15 y en otro me cuesta 20; señal de que uno de los dos ha calculado mal la tasa, ha calculado mal la tasa. Y esto debe corregirse.

Y como esto, un millón. Porque si yo voy diciendo que tengo una industria agroalimentaria y me voy al Servicio de Industria para pedir una modificación de mi industria -que lo puedo hacer, y la normativa me ampara-, pago la mitad que si me voy a la Consejería de Agricultura; y la normativa, señor Aguilar, me ampara, me ampara. Es decir, yo, si soy de una industria agroalimentaria, puedo solicitar determinadas actuaciones a la Consejería de Industria a través de la Agencia de Desarrollo Económico, o puedo solicitarlas a la Consejería de Agricultura. Lo puedo hacer. Y en un caso pagaré la mitad que en otro. Y estamos hablando ya de cantidades que no son anecdóticas, señor Aguilar, porque estamos hablando de pagar de 6.500 pesetas a pagar 17.000 la misma actuación.

Y, claro, la Ley lo dice, el Proyecto de Ley lo sacraliza. El Proyecto de Ley sacraliza el que si yo voy a hablar a un funcionario pago 6.500 y si voy a hablar a otro pago 13.000. Y esto es incoherente y, por lo tanto, debe corregirse, porque no tiene ningún sentido que la misma máquina, comprada por dos empresas iguales, pague una cantidad de dinero diferente en función de quién sea el funcionario con el que yo tenga mejor relación. Y esto no puede ser, porque esto no obedece a ningún sentido de... económico ni a ningún sentido de la memoria.

Me ha preocupado muy mucho que usted me diga, señor Aguilar, que la única razón que ustedes tienen para no modificar y redondear las cuantías de la Ley es la memoria económica, porque usted me dice, enfáticamente: "Es que nos han pedido ante los Tribunales las memorias económicas". Y, claro, si las memorias económicas no justifican el pago de la tasa, pues me puedo encontrar con que la tasa es irregular. Bueno, pues dígame usted... o me puedo encontrar con que la tasa no sea soportada por los Tribunales. Bien. Dígame usted en la memoria económica de la Consejería, en cuanto a la Ley de Tasas, qué apartado de la memoria hace referencia a sus Disposiciones Adicionales que redondean a euros las tasas que se cobran a todas las industrias de la Comunidad de Castilla y León con fecha primero de enero de dos mil dos. Dígame usted en qué página viene, porque yo no lo he encontrado. Y ya sabe usted, señor Aguilar, que yo -como buen hijo de librero- leo mucho, leo mucho, me lo he estado leyendo y no lo he encontrado.

Y, entonces, usted coge, como esta Ley ha tenido un tránsito tan tortuoso en el tiempo, ¿eh?, y dos Disposiciones Adicionales que van a entrar en vigor a la vez que la Ley, que redondean a capón, a capón, mucho más de lo que redondeamos nosotros, ¿eh?, pues me dice usted en qué apartado de la memoria económica está justificado que el redondeo se corresponde con la realidad. Porque en la memoria lo único que dice es que se va a redondear, pero no dice ni cómo, ni cuándo, ni por qué. Y si usted me dice que el argumento para no redondear es el argumento de que la memoria económica no lo contempla y ha sido redactada de otra manera, entonces quíteme usted las enmiendas a la Disposición Adicional. Quítemelas usted, señor Aguilar, porque esas Disposiciones Adicionales, que son las que suponen mayor coste económico, mayor ingreso económico para la Comunidad Autónoma de todas las del Proyecto, no tienen base ninguna en la memoria de la Junta. Ninguna, ¿eh?, a no ser que usted encuentre la página -que seguro que la encontrará-, porque yo ya digo que no lo he podido encontrar.

Tiene usted una teoría del valor del precio que, realmente, yo le animo a que usted siga prosiguiendo por ese camino, porque creo que de poder justificarlo, yo creo que a usted le van a dar el Nobel de Economía, ¿eh? Porque usted dice: "No, no, es que como el precio de la vivienda de protección oficial es el mismo pongamos la tasa que pongamos al promotor la va a pagar, y eso no va a ser un componente del precio". Bueno, pues entonces le ponemos 10.000.000. Entonces, ahí sí que se notaría. Pero, claro, si le ponemos 10.000 pesetas en vez de 5.000 eso no se nota. Se nota menos, señor Aguilar. Pero que los impuestos son un componente del precio, eso la teoría económica lo tiene reconocido.

Y, claro, es que usted me dice cosas que... con las que yo tengo que estar de acuerdo. Por ejemplo, es injusto cobrar la misma tasa a alguien que hace un campo de golf o un hotel en suelo rústico que lo mismo que si hace una vivienda. Más injusto es lo que hace el Proyecto de Ley, que es que al que hace el campo de golf y al que hace el hotel no le cobran ni un duro y al que hace una vivienda de protección oficial sí le cobra, sí le cobra. Sí, sí. No. Sí le cobra, señor Aguilar. Porque para las actuaciones urbanísticas al primero no le cobran ni una peseta y para las actuaciones urbanísticas al segundo sí le cobra. Y yo estoy seguro de que los servicios de la Consejería de Fomento tienen que informar mucho más exhaustivamente un campo de golf que una promoción de cuatro viviendas de protección oficial. Pero al segundo -"pobre desgraciado", entre comillas- sí le cobramos y al primero no le cobramos ni una peseta por el coste de las actuaciones urbanísticas de la Consejería. Y esto es injusto. Y es lo que nosotros hemos intentado solucionar.

Porque, además, es que su filosofía de costes le lleva no a la anécdota, le lleva a la greguería, señor Aguilar -Ramón Gómez de la Serna estaría encantado de escucharle-, porque al final usted lo que viene a decir es que, claro, cuesta mucho más, por ejemplo, organizar una novillada en un pueblo que organizar una corrida de toros en Valladolid. ¡Hombre!, señor Aguilar, pero es que el coste de la tasa no está definido únicamente en función del coste del servicio administrativo, sino en algo que también está centrado en la jurisprudencia y en la doctrina, que son los costes indirectos, etcétera, ¿no? Y, claro, señor Aguilar, si usted me dice que porque lo primero cuesta un desplazamiento y lo segundo no hay que cobrarlo, entonces usted está condenando a todas las personas que en esta Comunidad Autónoma viven en medios rurales a que paguen los servicios más caros, porque como los servicios de la Administración están en las ciudades, pues, a cualquiera que viva en un pueblo le tenemos que cobrar más caro porque nos cuestan más los desplazamientos.

Claro, llevando las cosas al límite, llevando las cosas al límite, cuanto más caro sea lo que uno haga, sale más barato. Y ése es el problema de su filosofía, que, además, usted ha traducido perfectamente en su intervención la filosofía del Proyecto. Porque usted habla de grupos de presión. Yo siempre he pensado que la democracia, entre otras cosas, es un contrato social -ya lo dijo Rousseau hace mucho tiempo; en eso no soy nada innovador-, y, en ese sentido, a mí no me duelen prendas de decir, naturalmente, que enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista han sido sugeridas por Organizaciones No Gubernamentales, por cooperativas, por sectores empresariales; naturalmente. De la misma manera que yo le digo a usted que la redacción de algunos de los artículos del Proyecto parecen inspirados por Repsol o por Iberdrola.

Y aquí lo que cada uno tiene que tener muy claro es a quién defiende, a quién defiende: a las víctimas del terrorismo, a las familias numerosas, a los empresarios familiares, o defiende a Repsol o a Iberdrola.

Porque, claro, con esta filosofía del coste, pues ustedes han descubierto que es tremendamente barato para esta Comunidad Autónoma inspeccionar las redes de alta tensión, las redes de baja tensión, actividades económicas que mueven decenas de miles de millones de pesetas, y es tremendamente caro que esta Comunidad Autónoma preste servicios a los ciudadanos, y los ciudadanos tienen que pagar más y las empresas grandes tienen que pagar menos.

Y, al final, ésta es su filosofía tributaria. Y, bueno, pues todos encantados de saber a quién representamos, ¿eh? O sea que, yo en el Pleno, encantado de que usted me diga es que ésta es una enmienda del sector. Naturalmente que sí. Y las suyas son proyectos de Iberdrola y de Repsol, naturalmente que sí, porque les ahorran ustedes una pasta a las grandes compañías de esta Comunidad Autónoma. Y como les ahorran una pasta, pues, oiga, con la misma legitimidad con la que unos defendemos unos intereses, ustedes defienden otros intereses.

Porque las anécdotas, señor Aguilar, son importantes cuando se convierten por extensión en categorías. Claro, usted dice, con el tema de los redondeos, es que... que usted me diga que una fotocopia cuesta 0,420807 euros es una anécdota. No, no, señor Aguilar, no es una anécdota; es un incumplimiento de esta Comunidad Autónoma de la Ley de Adaptación al Euro. Le leo lo que dice el Artículo 11 de la Ley -y no le leo más que dos líneas, ¿eh?, en el Pleno ya leeremos otras cosas-: "En los importes monetarios que se hayan de abonar o contabilizar cuando se lleve a cabo una operación de redondeo después de una conversión a la unidad euro, deberá redondearse, por exceso o por defecto, al céntimo más próximo".

Pues esto que dice el Artículo 11 de la Ley del Euro, esto es de aplicación general para todos los ciudadanos y Administraciones Públicas de España, salvo para la Junta de Castilla y León y los Procuradores y Procuradoras del Grupo Parlamentario Popular. Deberíamos incluir una Disposición Adicional a partir de ahora en todas las leyes que diga que las leyes son de aplicación general, salvo para los Procuradores del PP de Castilla y León, porque son los únicos que se obstinan en no cumplir la Ley.

Y, además, me dice usted que eso es anecdótico. Mire, eso no es anecdótico, eso es una muestra de cerrazón, de cerrazón de la Administración de esta Comunidad Autónoma, que no se entera que va a aprobar una Ley, que van a aprobar ustedes con sus votos una Ley que todavía está hablando de pesetas y que va a entrar en vigor en el año dos mil dos. Y son los únicos que ustedes continúan en eso. Pero, además, son los únicos que continúan en eso en esta Ley, porque si hasta los Presupuestos de la Comunidad están ya en euros. Pero, ¿por qué no pueden hacer ustedes una Ley en euros como Dios manda, en vez de hacer una Ley en pesetas que nos lleva a esas cuantías ridículas de 3.000,01. ¡Hombre por Dios! Vamos a hacer una Ley para que los ciudadanos no se vuelvan locos teniendo que llevar céntimos en los bolsillos para pagar las tasas de la Junta, ¿no? Vamos a hacerlo en esos términos, que es razonable.

Porque, además, es que lo de la memoria económica no es verdad, señor Aguilar. La memoria económica no ha tenido en cuenta que se han redondeado todas las fotocopias a unidades enteras de euro menos una. La memoria económica de eso no habla, la memoria económica no tiene en cuenta los errores materiales de la Administración. Pero es que lo suyo no es perseverancia, es contumacia. Cuando hay un error material, evidente, en alguna tasa, no lo corrige, porque se deben pensar que nos ganamos una medalla si aprobamos una enmienda; y no es verdad. Si nosotros lo que queremos es que la Ley sea inteligible para los ciudadanos. Y ustedes se empeñan, con esto del 0,10807, en hacer una Ley ridícula para los ciudadanos y que no entienden ni los que la tienen que aplicar.

Me dice usted, señor Aguilar, que en la materia de los mataderos nosotros defendemos a un grupo de presión. Bueno, pues, mire usted, nosotros defendemos al sector, que lo está pasando muy mal. Yo creo que ustedes no lo defienden, lo ha dejado muy claro en su intervención. Me parece muy bien que reconozca usted que no defienden al sector. Nosotros les animamos a que lo defiendan, nos parece que es un sector importante y estratégico para esta Comunidad Autónoma.

Pero es que en su enmienda -que es una enmienda pintoresca-, usted tiene una redacción -que es lo que en estos momentos hace imposible el acuerdo- que dice que para la aplicación de unas deducciones fijadas en la Ley "será necesario el previo reconocimiento de los órganos competentes de la Administración en materia sanitaria, que determinará los niveles aplicables".

¿Me quiere usted decir en qué apartado de la Ley, en cuál de los otros apartados de las treinta y tantas tasas que contiene la Ley, se le da a la Administración la posibilidad de determinar los niveles aplicables? ¿Me lo quiere usted decir? Porque esto es de una inseguridad jurídica brutal.

Es que con esta Ley, señor Aguilar, no sabemos si aquí nos cuesta un duro más sacrificar o un duro menos que en Cataluña; es que no sabemos lo que nos cuesta. Porque hasta que la Consejería de Sanidad no determine, por una habilitación legal tan pintoresca como la de determinar los niveles aplicables -que quiebra frontalmente la Jurisprudencia del Constitucional en cuanto a la imposición de sanciones tributarias-, hasta que no determine esos niveles aplicables, no sabemos si estas deducciones se van a aplicar en un nivel del 100, en un nivel del 90, del 80, del 70 o del 25%. Y esto hay que corregirlo, señor Aguilar.

Y claro, cuando ustedes lo corrigen -como diría un catalán- "a más a más", añadiendo más incertidumbres y más inseguridades, pues tenemos un problema. Y esta enmienda, solamente por eso, merece la pena ser modificada.

Y hombre, y como... dice usted algunas cosas que son también curiosas, ¿no? ¿Sabe usted de alguna parte de España en donde la Comunidad Autónoma le cobre una tasa a chavales por ponerse a jugar al fútbol? ¿Me quiere usted decir un sitio donde se esté cobrando esa tasa? Pues, a partir del uno de enero del año dos mil dos, éste va a ser el sitio. O sea, la Comunidad de Castilla y León, yo tengo que decirle a mi hijo, cuando se ponga a jugar al fútbol, que va a ir un funcionario de la Junta y le va a cobrar una tasa. Eso es un disparate, ¿verdad? Pues eso es lo que dice el Proyecto. No, esto es lo que dice el Proyecto, porque cuando habla de actividades deportivas no distingue; y donde la Ley no distingue, el legislador no puede distinguir. Y tenemos que encontrar una fórmula para distinguir, y para que cuando se hable de actividades deportivas sepamos de lo que estamos hablando, que es lo que hacen las otras Leyes de Tasas de las Comunidades Autónomas.

Y si llama a un funcionario de la Junta, que sea para ver si están jugando bien o están jugando mal, pero no para cobrarles dinero por ponerle a jugar al fútbol.

De verdad que es que yo entiendo que ustedes necesitan dinero, como todas las Administraciones Públicas, pero hombre, ¡por Dios!, cobrar dinero a los chavales por ponerse a jugar al fútbol me parece, de vedad, eso sí que me parece una innovación excesiva, excesiva.

Esto es como lo de las plazas de toros, ¿no? O sea, esto... Pero dígame un sitio donde esto se haga, porque esto sí que es una innovación negativa.

Se mete usted con nuestras deducciones, y algunas de ellas pueden estar mal redactadas. Dice usted, por ejemplo: "los jubilados y los pensionistas, en caza o pesca, que no tengan derecho a ninguna deducción por serlo". Hombre, ¿le parece a usted mejor lo que dice el Proyecto, y es que los minusválidos con un 66% de minusvalía serán los que tengan la deducción? ¿Le parece a usted que es la manera más correcta de decirlo? Porque mire, yo no quiero hacer risas, porque el humor macabro a mí no me va, pero de verdad que podíamos haber buscado una manera de decirlo más aproximada a la realidad. Porque esto de la deducción por minusvalía -se supone que es física o psíquica- del 66% en caza y pesca se presta a... a alguna coña, ¿no? Vamos a buscar una manera de decirlo mejor, ¿no?

Que nosotros queremos deducir a las familias numerosas en algunas tasas, como hacen sus Comunidades Autónomas, las gobernadas por el Partido Popular. Dice: hombre, es que alguna puede ser multimillonario. Oiga, para poner en marcha la deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no nos importó que fueran multimillonarios. Las deducciones que esta Comunidad Autónoma tiene aprobadas para las familias numerosas en el IRPF no distingue por categoría de renta. ¿Por qué está bien lo que ustedes hacen en un caso y está mal cuando nosotros lo proponemos en otro? En todo caso será una cuestión muy opinable.

Las cooperativas, que las cooperativas de vivienda no tienen derecho a ninguna deducción, a ninguna exención, porque puede promover viviendas de lujo. Si es necesario que eso se diga, dígase. Pero, fíjese usted, señor Aguilar, ahora estamos... vamos a empezar a discutir, en el próximo período de sesiones en esta Cámara, la Ley de Cooperativas de la Comunidad. El sector cooperativo lo conocemos bien todos los Grupos. Las principales cooperativas de esta Comunidad Autónoma, las que mueven miles de millones de pesetas son cooperativas agrarias. Y a las cooperativas agrarias -como Acor, que es una cooperativa- les acabamos de eximir, por acuerdo suyo y nuestro en la Ponencia, del pago de determinadas tasas; y no nos ha importado que fuera una gran empresa, porque entendemos que el sector cooperativo, con independencia del volumen, obedece a una razón fundamental: la carencia de ánimo de lucro entendido como reparto de beneficios para los accionistas y no como reparto de beneficios para la Comunidad. El sector cooperativo tiene un ánimo de lucro, pero para la comunidad, para la colectividad, no para las personas físicas consideradas independientemente.

¿Por qué es bueno esto para las cooperativas agrarias y no lo es para las cooperativas de viviendas? Hagan lo que hagan unas u otras, ¿por qué tratan ustedes mejor a unas y peor a otras? Pues no tiene explicación, señor Aguilar, no tiene ninguna explicación. Porque, además, también nuestras enmiendas en materia de cooperativas son enmiendas que tienen otras leyes de tasas en sitios donde están ustedes gobernando. Y en ese sentido, además, porque nosotros lo que queremos es que, en principio, alguna de las tasas que se aplican a las cooperativas de viviendas no se apliquen a nadie, por ejemplo, para la promoción de viviendas de protección oficial.

Pero ya le anuncio que si el problema que tienen para aceptar nuestras enmiendas es que es el problema del tipo de vivienda, etcétera, pues no se preocupe usted, lo limitamos ahora a las VPO. Por cierto, nuestras enmiendas sólo hablan de las VPO, porque son enmiendas... sí... no, en nuestra tasa para urbanismo no. Pero si le parece a usted que debemos de suprimir la exención a cambio de que ustedes no la acepten a la que tienen, pues estaríamos dispuestos a considerarlo, ¿eh? Pero eximimos a las cooperativas que hagan viviendas de protección oficial del 50% de la tasa, y por lo menos algo nos hemos llevado por delante, ¿eh? O sea, que estaríamos dispuestos a considerarlo.

En conclusión... Hombre, lo que no se puede es utilizar permanentemente argumentos de conveniencia, ¿no?, argumentos en el sentido de que "lo que hacemos nosotros está bien y lo que hacen ustedes está mal", cuando nosotros lo que estamos haciendo es, en buena parte, lo que hacen sus colegas en la mayor parte de los territorios y de las Comunidades Autónomas de España, ¿eh? Nosotros no estamos aquí proponiendo tampoco innovaciones telúricas, ¿eh?, no estamos proponiendo la quiebra del modelo fiscal español ni del modelo tributario. Estamos pidiendo a esta Comunidad Autónoma que tenga un poquito de sensibilidad social. Lo que pasa es que ustedes, con esta Ley, se colocan muy a la derecha; pero no muy a la derecha nuestra -que eso ya se supone-, sino muy a la derecha de sus propias Comunidades Autónomas en otros sitios donde están gobernando.

Y la mejor muestra de esto es cómo usted ha empezado el discurso y por donde yo quiero terminar, antes de pasarle la palabra a mi compañero.

Dice usted: a mí no me importa que las leyes sean la primera o la última, lo que me importa es que sean buenas. Pues oiga, cuando hacen ustedes una Ley que es la primera, bien que lo señalan, bien que consumen titulares de prensa en decir "la Comunidad de Castilla y León innova, la Comunidad de Castilla y León dice que ésta es la primera Ley, la Comunidad de Castilla y León es pionera". Oiga, pues consuman ustedes los mismos titulares de prensa diciendo: "la Comunidad de Castilla y León es la última, la Comunidad de Castilla y León está en el pelotón de la cola, la Comunidad de Castilla y León es la que más ha tardado en hacer una Ley de Tasas"; que, por cierto, además, es una Ley que como lo deja todo como está, pues, a fin de cuentas, salvo alguna rebaja para alguna gran empresa en esta Comunidad, pues, al final nos quedamos todos como si la Ley no se hubiera hecho, salvo eso, Repsol e Iberdrola, que van a verse notablemente beneficiadas con algunas rebajas.

En conclusión. Pues hombre, señor Aguilar, que la verdad es que para el tiempo que hemos dedicado a este asunto y la buena fe que yo creo que nos hemos manifestado los unos y los otros, pues, podíamos haber dejado la Ley un poquito más vestidita: podíamos haber dejado una Ley hecha en euros, porque vamos a aplicarla en el dos mil dos; podíamos haber hecho una Ley donde las fotocopias costaran lo mismo; los certificados costarán lo mismo; los ciudadanos pagaran un poco menos; las grandes empresas, que hacen trabajar mucho a la Administración, pagaran un poquito de lo que le hacen trabajar a la Administración, porque también tienen grandes beneficios... Podíamos haber hecho una Ley un poquito más justa, un poquito más razonable y, probablemente, un poquito mejor desde el punto de vista procedimental. Es una lástima que no haya podido esto ser así.

Probablemente, el hecho de que esta Ley tenga muchas dependencias administrativas haya influido: es más fácil discutir la Ley cuando sólo tiene un padre que cuando tiene tantos. El problema es que a esta Ley se le nota mucho que tiene muchos padres. Y yo me temo que las leyes, como las personas, el tener muchos padres no es una cosa buena.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor Granado. Es el turno del Grupo Parlamentario, también Socialista, por parte de don Antonio de Meer.

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO:

Sí, señor Presidente. Estaba yo acertado en mi intervención anterior, cuando me refería a la falta de intento de algún acuerdo entre el Grupo... por parte del Grupo Popular con otras enmiendas. Porque la verdad es que nos reunimos muchas... en muchas ocasiones la Ponencia, siempre había ofertas de acuerdo que siempre se iban a plasmar en la realidad en la siguiente reunión de la Ponencia. Como no se plasmaron en la reunión de la Ponencia, se nos dijo "lo hablaremos en Comisión". Y hoy, cuando hemos llegado a la Comisión, tampoco sabemos todavía cuáles son las posibles transacciones en Comisión, si es que va a haber alguna. Porque yo he entendido algo sobre el tema de las... de las transmisiones, pero no lo hemos visto todavía expresada como tal enmienda transaccional en ningún momento.

Y por lo tanto, yo creo que todavía... todavía confiamos... confiamos en que alguna de esas enmiendas transaccionales la veamos escrita en el Pleno; pero cada vez confiamos menos, ¿eh? Puede estar ocurriendo... en el Pleno ocurrirá lo mismo y nos volverán a utilizar argumentos que pretenden ser envolventes para no aceptar ninguna de las enmiendas. Porque yo creo que todos los argumentos envolventes que se han utilizado son absolutamente envolventes. Yo sólo me voy a referir a dos de ellos: uno es el de la afección, que parece que las afecciones de las tasas nos las hemos inventado nosotros, cuando está recogida en el Artículo 3 de la Ley la posibilidad de las afecciones. Nosotros sólo utilizamos una posibilidad que abre la propia Ley y que el texto utiliza en algunos casos. Otra cosa será que discutamos si esa afección es adecuada o es inadecuada, pero no que se pueda decir que no se puedan hacer afecciones, cuando el Artículo 3 de la Ley lo permite perfectamente.

Y también quería precisar el tema de las viviendas de protección oficial, y es que yo creo que el señor Aguilar parte, en ese caso, de un error de bulto, porque se cree que los precioso de las viviendas de protección oficial son precios obligatorios...

EL SEÑOR .....:

No, hombre, no.

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO:

No, son precios máximos. Por lo tanto, si no se cobra la tasa, es probable que en algunos supuestos la vivienda sea más barata, sobre todo en el tema de la autoconstrucción, sobre todo en el tema del promotor de su propia vivienda, o de la pequeña cooperativa.

Y por lo tanto, señor Aguilar, disminuir esa tasa en algunos supuestos va a representar abaratar el precio de la vivienda. Y, por tanto, no se utilicen argumentos equivocados, intentando convencer a la Comisión de que los precios de las VPO son precios obligatorios, cuando nada más lejos de la realidad.

En fin, yo acabo sin más, porque yo creo que ya no merece la pena. No sabemos si creer o no creer que alguna vez vamos a ver esas enmiendas transaccionales concretas, pero, en fin, no perdemos de alguna manera, todavía, una leve esperanza, porque nosotros creemos que transaccionando todavía alguna de las enmiendas que nuestro Grupo ha presentado es probable que esta Ley, que al final es una Ley tan poco adecuada para la situación real de la Comunidad Autónoma, pueda reformarse y arreglarse un poquito gracias al trabajo de las enmiendas de nuestro Grupo. Nada más. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor De Meer. En turno de dúplica, tiene la palabra el Portavoz del Grupo Popular, don Francisco Aguilar.

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO:

Muchas gracias, señor Presidente. Mire, señor De Meer, voy a comenzar por el final, para contestarle a usted.

Nosotros hemos admitido la Enmienda número 1 -me parece- de las del Grupo Parlamentario Socialista al Artículo 3 -que usted me invoca ahora-, después de haber quitado nosotros la palabra, a través de una enmienda que ustedes han presentado, "excepcionalmente", ¿eh? O sea, por lo tanto, no me diga usted... le iba a contestar una cosa gorda, ¿no?, después de una cosa lo otro, ¿no? Entiéndame. O sea, hemos sido tan coherentes como decir: quitamos la excepcionalidad. Pero no la hemos quitado porque nos parezca que la afección está bien, no; la hemos quitado porque a continuación se dice: "... y mediante ley... -es decir, con todas las garantías, con todas las garantías que una ley conlleva- ... se establezca la afección". No la hemos quitado de otra manera: "... mediante ley se establezca la afección". Por lo tanto, no me vuelva usted la tortilla del revés, que usted sí que me trata de envolver, y no me voy a dejar, no me voy a dejar, ¿eh? O sea, eso, para empezarle a usted a contestar por lo que usted nos ha dicho.

Aceptamos una enmienda con absoluto convencimiento de que lo que aceptamos está bien, y que sería lógico, y que, además, no pasa nada en el texto, y ahora no me lo reproche usted diciéndome que hemos hecho una maniobra ahí envolvente en ese sentido. Sinceramente, no; sinceramente, no. Pero esto lo quería decir ahora mismo, para que no se me olvidase en el transcurso del debate.

Mire usted, a mí lo que haga el señor Ruiz Gallardón me parece muy bien o me parece muy mal; de cualquiera de las dos maneras. Como también me supongo que a usted no le parecerá bien todo lo que haga el señor Rodríguez Zapatero. También tendrá usted su capacidad de poder determinar y de criticar, porque, si no, esto sería una tabla lisa.

Mire usted, a mí, que el señor Ruiz Gallardón -que sé por dónde va usted- diga que en las viviendas equis, grupos tales o cuales, el 50% tiene que ir como VPO y que lo demás puede ser libre, me parece, sinceramente, que está poco pensado. Y sabe usted que no soy yo el que está pensando así, sino está pensando un sector muy amplio, ¿eh?, que yo no voy aquí tampoco a defender. O sea, a mí lo que el señor Ruiz Gallardón haga, respetabilísimo. Tiene su Parlamento, tiene sus asesores; él sabrá por qué, cómo y de qué manera; y, sin duda, tendrá alguna razón -¿por qué le voy a decir a usted que no?-, pero, lógicamente, no me lo ponga usted en este caso como ejemplo, porque ni me va ni me viene lo que pueda hacer en sus leyes la Asamblea de Madrid; ni me va, ni me viene. Supongo que legislarán correctamente, como se legisla aquí.

Mire usted, fotocopias. Sigo diciendo que es una anécdota, que lo sigo diciendo; y se lo voy a decir a usted en el Pleno también. Lo de la anécdota que cuesta más y la máquina que si está loca, o deja de estar, o está esquizofrénica o no está esquizofrénica. La máquina estoy seguro de que no está esquizofrénica, como tampoco ningún funcionario, ¿eh?; seguro. Lo que sucede es que, tal vez, en un archivo o una biblioteca el coste sea mayor no en función de la máquina, porque a usted se le da muy bien esto y usted sabe que no es función de la máquina, en función del sueldo del funcionario, en función del edificio, en función de las instalaciones. Eso es la memoria económica. Puede ser que en un sitio sea de una manera y en otro de otra. ¿O no puede ser? No me lleve usted a la anécdota, que usted es muy hábil en sus planteamientos y yo soy un poco más liso y más llano, ¿eh?

Y Rousseau, con su Contrato Social, también me parece muy bien, ¿verdad?, pero tampoco me lo invoque usted aquí en la Ley de Tasas; déjele usted al pobre, que lo hizo bastante mal, por cierto, en algunas cuestiones.

Mire usted, dice que he enfatizado con la memoria económica. Es el pilar de una tasa. ¿Cómo no voy a enfatizar con la memoria económica? Y le voy a llevar a usted al Pleno -ya se lo anuncio- resoluciones de los tribunales en las que se dice que si la memoria está mal, es nulidad de la tasa; se lo voy a llevar a usted al Pleno. O sea, no... esto sí que no me voy a dar el capricho de no hacerlo. Y el requerimiento a la Junta de Castilla y León, precisamente, en alguna industria cárnica, porque trata de decir que la tasa está mal concebida y mal hecha. Se lo voy a llevar a usted al Pleno, porque los tenemos. Por lo tanto, pues evidentemente, podremos discutirlo, pero no creo que sea el foro. Eso sería mejor en alguna sala de lo contencioso, en la que usted y yo no nos vamos a encontrar, casi seguro.

Mire usted, el que esté en euros... o que esté en pesetas no es para rasgarse las vestiduras. ¿Que es un perfeccionismo? Se lo admito, se lo admito; sí, sí, ¿por qué no se lo voy a decir a usted? Pero usted sabe que la tasa -y se lo he dicho en Ponencia- está pensada en pesetas; y luego lo que se ha hecho es convertirla, ni más ni menos. Porque está pensada en pesetas, y los estudios están pensados en pesetas. Si hace nueve meses se estaba haciendo, evidentemente -como usted dice-, este Proyecto de Ley, pues no me extraña que se haya hecho en pesetas por los diferentes departamentos que han calculado la tasa.

¿Ese perfeccionismo al que usted alude? Bueno, pues mire usted, muy de alabar es. Pero, hoy por hoy, yo también pago en pesetas; y en enero voy a pagar en pesetas, si quiero; y en febrero también voy a pagar en pesetas, si quiero, del dos mil dos. Por lo tanto, evidentemente, creo que es bueno, no es malo, no es desdeñable el hecho de que exista esa posibilidad.

Bueno, es curioso... es curioso el planteamiento que se me diga que en un precio final máximo, ¿eh?, evidentemente, el coste de una tasa esté o no esté incluido. Mire usted, yo creo que cuando se hace... Pero, señor De Meer, si usted sabe más que yo de eso. Si usted sabe... si usted sabe -y yo sé un poquito- que cuando se hace un coste en una VPO se establecen el valor del suelo, los gastos financieros -las tasas es un gasto financiero-, los intereses que va a costar la hipoteca al promotor o a la cooperativa. Pues si está metido. Y al final da 100.000. ¿Que cobran 90? Pues mire usted, pues cobran 90; pero más de 100, nunca; más de 100, nunca; más de 100, nunca. Dice usted: "Al pequeño señor que haga su vivienda". Pues también absolutamente anecdótico el planteamiento respecto a esa tasa.

Y yo no defiendo, de verdad... no crean ustedes... Mi opinión es que... yo no defiendo aquí a ningún sector, nuestro Grupo Parlamentario no defiende a ningún sector; no tiene por qué convertir este Parlamento en la defensa a ultranza de ningún sector. Yo creo que tenemos que ser lo más equilibrados posible, y ese principio de equivalencia de la tasa llevarlo adelante, y, en definitiva, llevarlo adelante casi con nosotros mismos, ¿eh?, para no hacer demagogia y no incurrir en los planteamientos en los que a veces incurrimos.

Desde luego que porque unos chavales jueguen en un prado no le van a cobrar ninguna tasa, ¿eh? Es que eso es llevar el agua fuera del tiesto, fuera del tiesto; es que eso es así. No lo pone, ¡qué va a poner!, ¡qué va a poner!, evidentemente, ¡qué va a poner!, si está tratando de espectáculos y está tratando de competiciones deportivas en el sentido de competición federativa -a ver si lo entendemos, a ver si lo entendemos-. ¿Ustedes dicen que no? Bueno, luego lo vemos. Ahora ya no lo vamos a ver porque no hay más turnos; entonces, luego lo veremos. ¿O tienen otro? Bueno, lo utilicen.

Yo no defiendo a Iberdrola aquí, en absoluto, ¿eh? Y, además, respecto a esa famosa historia de la alta tensión, y de la baja tensión, y de la Enmienda 117 al Artículo 140.2, donde piden ustedes: "Sustituir por: Alta tensión instalaciones de producción, transporte, distribución, transformación de energía y de productos energéticos: el 150% de las cuantías contenidas en el apartado 1". Y dicen ustedes: "Recoger más detalladamente el conjunto de instalaciones y gravar adecuadamente el coste de la tramitación de las mismas por la Administración". Me imagino que esto es a lo que ustedes se están refiriendo; me supongo. Pero es que, claro, se equivocan ustedes, porque, evidentemente, la Enmienda dice... concretamente, ustedes... en la Ley se dice que "La inscripción y control de instalaciones eléctricas -dos puntos-: alta tensión se aplica al apartado 1.a)". Y ustedes proponen que esas instalaciones de producción, transporte y distribución se graven con 50%... 150%.

Pues mire usted, le repito a usted que la alta tensión... -y de esto, posiblemente, alguien más sepa que nosotros dentro de muy poco tiempo- la alta tensión abarca, concretamente, instalaciones superiores a mil voltios, según dictamen que tengo aquí hecho por un técnico. Además, no tiene sentido, tampoco, hablar de transformación de energía de productos energéticos, sí únicamente transformación de energía eléctrica; no de productos energéticos, ¿eh?, no de productos energéticos, sino de energía eléctrica. Y aquí alguien habrá que tenga que estudiar muchas cosas en ese sentido, para saberlo distinguir en su día adecuadamente, y así... y así deseo que sea, ¿eh? Pero, realmente, no es lo mismo lo que ustedes están ..... productos energéticos que tienen que ver, evidentemente, con lo que dice el texto legal. Bueno, eso es, simplemente, también anecdótico -si usted quiere-, pero ahí está y se lo acabo de leer. Reflexionen ustedes esa enmienda, que no es defender a Iberdrola, ¡hombre!, ni muchísimo menos. Pero ¿de qué? Y a Repsol menos, claro. ¿De qué?

Bueno, yo no sé... lo de la derecha, bueno, me da lo mismo. O sea, lo de la derecha me es... también es anecdótico. La contestación que usted me hace: "Bueno, esté usted a la derecha o esté usted a la izquierda". Usted sitúese donde usted quiera y sitúese usted como mejor le convenga, pero no me mezcle usted ni las derechas ni las izquierdas con las tasas. Bueno, no deja de ser una teoría, no deja de ser una teoría.

Y, señores, pues muy poquito más, porque, en definitiva... Le quiero tranquilizar también, por último, al señor De Meer: no se preocupe, las enmiendas que han planteado ustedes respecto a la reducción por transmisiones en temas sucesorios de industria, de explotaciones agrarias, de matriculación de los tractores al hijo por sucesión del padre, las hacemos. Ya le he dicho al señor De Meer que se lo plantearía... perdón, al señor Granado que se lo plantearía antes del Pleno. Y, por lo tanto, las va usted a ver; no desconfíe. Si son catorce o dieciséis. Si simplemente... si simplemente...

EL SEÑOR .....:

(Intervención sin micrófono).

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO:

Las va usted a ver hechas, pero, simplemente, no me pida usted más trabajo del que tengo, por favor; no me agobie usted un poco más. Si le he dicho al señor Octavio Granado esta tarde que si le parecía bien el recoger el texto del Código Civil, en el sentido de trasladarlo a lo que podía ser herederos forzosos. No, si no se lo ha contado o no ha estado usted atento a ello... bueno, pues ya se lo digo. Ya se lo he explicado a él y le he dicho que en ese término van a ir doce o catorce enmiendas, y que se van a aceptar. Por lo tanto, no hay ningún problema.

Bueno, pues, por mi parte, nada más. En definitiva, bueno, las cuestiones quedan como quedan, ¿eh? Y en el Pleno, o ahora, o cuando nos corresponda, defenderemos nuestras enmiendas y las votaremos seguidamente. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ):

Muchas gracias. Pues tiene que defenderlas usted ahora, si lo desea, porque es el turno del Grupo Parlamentario Popular para defender las enmiendas que le corresponden. Así que tiene la palabra, de nuevo, don Francisco Aguilar para defender sus enmiendas.

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO:

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado dos enmiendas al Artículo 117, una de adición, concretamente, a ese artículo, en un párrafo tercero, en el que se dice que "Los establecimientos dedicados al sacrificio de ganado que cuenten con sistemas de autocontrol, que cuenten con sistemas de autocontrol, podrán aplicar al importe de las tasas generadas deducciones en concepto de coste de funcionamiento del sistema de autocontrol que tengan establecido". Nada tiene que ver con lo que establece el mismo artículo en el párrafo anterior, en el párrafo segundo, donde, evidentemente, son los suplidos de asistencia de veterinaria o auxiliar veterinario. Por tanto, esto todavía es mejorar, en definitiva, la tasa a efectos de que sea menos gravosa. Este es el motivo de la enmienda.

Y es la puesta en marcha, por supuesto, y producir que el sector lleve adelante sistemas de autocontrol, de acuerdo con la normativa de la Comunidad Económica Europea y con el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por tanto, ese es el espíritu.

Que, en definitiva, la enmienda es igual a la que ustedes plantean, salvo en las cantidades, concretamente, de costes de suplidos máximos que se establecen en nuestra enmienda, que son menores las deducciones que las que ustedes plantean. Pero lo demás es exactamente lo mismo. Y, además, no hay una gran diferencia, tampoco, en los planteamientos económicos, pero, bueno, nosotros entendemos que queda más ajustada así.

La siguiente enmienda es, concretamente, al mismo artículo, donde el párrafo que tanto le preocupa a usted, de la discrecionalidad, pasaría a ser párrafo número cuatro. Simplemente, de aceptarse la enmienda -como supongo que luego vamos a votar-, y quedará aceptada en Comisión, lógicamente, esa Enmienda número 4... ese párrafo pasaría a ser número cuatro del Artículo 117.

¿Volver aquí a insistir? Mire, yo no voy a insistir ni en grupos de presión, ni en defensas al sector, ni en lo que nos cuenten a uno, ni en lo que nos cuenten a otros. Nosotros queremos cumplir con la normativa. Creemos que cumplir con la normativa no es malo; con la normativa europea, con el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera y, en definitiva, en estimular el autocontrol en las empresas, que, ciertamente, se van a beneficiar, en ese sentido, si lo hacen, y cada vez en mayor medida -también es posible-. Pero tampoco le puedo admitir a usted aquí que nos diga... porque a usted le ha venido bien el decirnos que ese párrafo último, que ahora sería el cuarto -de acuerdo con la Enmienda número 2 de nuestro Grupo Parlamentario, que ya defiendo en esos términos-, lógicamente, sería una discrecionalidad por parte de la Administración.

Mire usted, yo primero parto de que cualquier Administración, cualquiera, goza de la presunción de legalidad en sus actos. Por lo tanto, lógicamente, yo creo que aquí no podemos hacer, tampoco, ninguna excepción. Pero les he ofrecido a ustedes, les he ofrecido a ustedes en Ponencia modificar, concretamente, este párrafo, y me han dicho ustedes que no, que no procedía la enmienda porque quedaba peor el sector; pero no me han dicho por qué queda peor el sector, no me han dicho por qué.

Y luego después, ¿por qué vamos a tener...? Me lo diga usted ahora, me lo diga usted ahora. Y luego, ¿por qué vamos a tener, por qué vamos a tener que admitir, concretamente, el que en una ley se tengan que determinar esos niveles que son casi reglamentarios y que serían consecuencia de una orden posterior, que si, evidentemente, se ve que es una orden descabellada o que es una orden que no responde, podrá ser recurrida? Por lo tanto, señor Granado, yo le quiero a usted, por lo menos, tranquilizar de que aquí no existe ningún principio de arbitrariedad, en absoluto, por parte... y dejar aquí ninguna inseguridad jurídica; de ninguna de las maneras. Es mucho más sencillo el planteamiento.

Lo que sí queremos es que, a través de los estudios que viene realizando este sector, resulte que la tasa le sea positiva 100%, como tal vez pudiese llegar a suceder, y no la pagase, que, en definitiva, es lo que tratan de buscar y de conseguir. Pero, bueno, yo creo que la norma ahí está, los compromisos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que usted conocerá mejor que yo, ahí están, y que, por lo tanto... Dice usted: "Es que aquí hay un agravio verdadero para las empresas del sector". Y yo creo que en estos momentos, creo que en estos momentos no tanto como a usted le cuentan.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor Aguilar. ¿Algún Grupo quiere consumir un turno? Sí, tiene la palabra, por el Grupo Socialista, don Octavio Granado.

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor Presidente. ¿Tenemos luego un turno de Portavoces, no? Lo digo por hablar solo de las enmiendas estas en cuestión.

Vamos a ver, señor Aguilar, mire, a usted se le nota mucho cuando lo que dice lo dice convencido y cuando no. Yo creo que se nos nota a todos, pero a usted también, ¿eh?, a usted también.

Entonces, mire, se lo voy a explicar como si usted ya no lo supiera -porque usted lo sabe mejor que yo, ¿eh?-. Mire, en una figura tributaria hay unos conceptos que son básicos, ¿no?: el hecho imponible, el supuesto tal tal tal, la base, la cuota, las exenciones y las deducciones. Y eso, si usted me dice que me habla de sentencias del Constitucional, del Supremo, etcétera, yo le traigo otras veinte o treinta docenas que dice que eso tiene que fijarse por ley y que no se puede fijar por reglamento, ni mucho menos por resolución administrativa, ¿no?

Bueno, pues con esta Ley, todos sabemos lo que tiene que pagar cada uno. Yo voy a... con esta Ley aprobada, cuando salga aprobada del Pleno de las Cortes, yo voy a saber cuánto tengo que pagar por una fotocopia, si heredo un tractor de mi padre, si compro una máquina en una industria. Cualquier supuesto, voy a la Ley, y lo sé. ¿Me puede usted decir cuánto tiene que pagar un matadero que sacrifique tantos animales? No lo sabe usted, señor Aguilar. No lo sabe usted, porque su enmienda, que ha sido redactada por alguien que no tiene ni pajolera idea de lo que es el derecho tributario español, dice que "la Consejería determinará, previo reconocimiento de los órganos competentes, los niveles aplicables en las deducciones".

Entonces, la Consejería puede determinar que una deducción se aplica al 1% o al 99, señor Aguilar. Y en función de eso, el dueño de la instalación tiene que pagar x, y ó z. Y esta enmienda no es que no se parezca en nada al proyecto ni a ninguno de los apartados del proyecto. Es no se parece en nada a nada de lo que hay escrito en ninguna Ley de Tasas, ni yo creo que se ha parecido nunca a ninguna cuestión que no haya sido recurrida y anulada automáticamente por los Tribunales de Justicia.

Esta enmienda es una chapuza descomunal. Y, se ponga usted como se ponga, si usted me propone una solución que mantiene la chapuza, pues sigue siendo una chapuza. Es que aunque a la mona la vistamos de seda, mona se queda. Y la enmienda chapucera se queda en enmienda chapucera, por mucho que la vistamos de disposición adicional.

Entonces, quíteme usted eso, señor Aguilar; quíteme usted esa barbaridad que le faculta a la Administración a aplicar las deducciones por niveles, -una facultad que no se reconoce para ningún otro departamento de la Administración-, y que nos hace que en estos momentos la inseguridad sea tal que usted no me puede contestar a la pregunta de: si yo mato mañana una vaca de trescientos kilos en un matadero, ¿qué tasa tengo que pagar?, ¿qué tasa tiene que pagar el dueño de la instalación por eso? Usted no lo sabe, porque no sabe cuál va a ser el nivel de deducción que va a aplicar la Administración. Y es la única pregunta a la que usted no me puede contestar. A cualquier otra pregunta que yo le formule sobre el apartado de la Ley... La Ley puede ser mala, pero no llega hasta el ridículo de no saber de lo que está hablando. Pues esta enmienda llega a ese ridículo: no sabemos de lo que estamos hablando.

Y cuando le decimos a usted que esto no se puede decir así, pues usted nos dice: "No, vamos a decirlo así, pero además vamos a decir otra cosa". Bueno, mire, es que esta no es la solución. La solución es cargarse esta barbaridad. Y si no se la cargan ustedes, pues, con todos mis respetos, le diré que sólo hay una interpretación posible y es que los niveles aplicables sean, automáticamente, el 100%. Eso es la única solución posible, porque lo otro es discrecional. Porque si usted me viene a decir a mí que la Administración va a determinar que un matadero se aplique unos niveles del 100% y otro matadero se aplique unos niveles del 50, y eso no es discrecional, que venga Dios y lo vea.

La Administración podrá determinar quién cumple los requisitos y, entonces, tiene derecho a una deducción, y quién no los cumple y, entonces, no tiene derecho a la deducción. Lo que no puede la Administración es determinar que a uno se les aplica la deducción al 100% y otros al 25%; eso no lo puede hacer. Eso lo podría hacer la Ley. Pero es que la Ley no lo hace; el Proyecto de Ley no lo hacía, lo hacen ustedes con su enmienda. Y con su enmienda no como Ley, sino como disposición, no ya reglamentaria, sino como una orden del jefe de Servicio, como una circular del jefe de servicio; es el que dice: a este, como me cae bien, el nivel tal; y a este, como me cae mal, el nivel cual. Porque no hay criterios tampoco. Es decir, es que, bueno, los niveles se aplicarán con unos criterios. Oiga, díganlo, porque no lo dicen.

Entonces, por favor, yo le pediría que aprueben ustedes, con su mayoría, la primera de las dos enmiendas y que dejen la segunda para Pleno, que dejen la segunda para el Pleno y que se lo piensen, y que lo hablen, porque yo tengo la sensación de que esto está mal redactado.

Y, claro, señor Aguilar -y con esto ya entro en parte de lo que quería decir en el turno de Portavoces; a lo mejor, ni siquiera lo consumo-, pero es que tenemos un debate muy luterano en esta Ley, porque ustedes se salvan por la fe. Ustedes salvan su buena intención por la fe nuestra. Es decir, nos dicen: no se preocupen que esto lo vamos a arreglar. Pero yo, como soy más bien de la doctrina jansenista (el jansenismo católico militante), pues yo quiero ver la fe con obras. Es decir, yo, a mí las transacciones las quiero ver escritas y las quiero ver publicadas. Y mientras no vea las transacciones publicadas, pues el señor De Meer y yo, francamente, tenemos serios motivos para la desconfianza. Porque incluso, incluso, pensábamos que cosas que habíamos hablado y, razonablemente, todos estamos de acuerdo, pues luego nos hemos enterado de que no estábamos de acuerdo, porque quien tenía que tomar la última decisión, pues, parece que le veía problemas al asunto.

Y, realmente, pues entre tanta anécdota, entre tanto de que "esto no es relevante", entre tanto de que "nos da igual que la Ley hable de pesetas o de euros"... -menos mal que no lo han hecho ustedes en marcos o en moneda finlandesa, porque podía haber sido también anecdótico-, entre tanto de que no hay que defender ningún sector, pero nosotros cobramos las menores tasas del mundo a las compañías eléctricas y las mayores tasas a los que van a solicitar información a las Consejerías, y que eso no tiene nada que ver con la derecha y la izquierda y que todo es pura irrelevancia, pues al final nos estamos encontrando con que estamos haciendo -con perdón- un pan como unas tortas -por no decir otra cosa que suena peor-.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ):

Gracias, señor Granado. Es el turno del Grupo Parlamentario Popular.

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO:

Muchas gracias, señor Presidente. ¿Por qué se quiere usted equivocar adrede, señor Granado? ¿Por qué dice usted que en mi enmienda dice lo que no dice? No, es que se ha equivocado. Coja usted el folio ciento noventa y dos, que es donde está mi enmienda. ¿Por qué dice usted, concretamente, que ese párrafo, "para aplicación de estas deducciones se requerirá el previo reconocimiento..."? Si yo eso no lo enmiendo, si está usted en un error gravísimo. Si yo no estoy haciendo ninguna enmienda a ese párrafo, ni una; ni luteranos ni judeos. Ni una. Se ha equivocado, totalmente. ¡Cuánto lo siento! Porque usted no suele cometer esos errores. Le ha cegado a usted el luteranismo, sin duda.

Mire, Señoría, yo no he hecho ninguna enmienda, ninguna, al párrafo del texto donde se dice que "para la aplicación de estas deducciones -que es para aplicar esas deducciones- se requerirá el previo reconocimiento de los órganos competentes de la Administración en materia sanitaria que determinará los niveles". Yo le admito a usted que me diga que este párrafo del texto es discrecional, que no hay regulación, que va a ser...; que sí, pero que yo no lo enmiendo. Yo lo que digo es que este párrafo se coloque detrás de mi enmienda, con el número cuatro, pero yo no lo enmiendo.

Por lo tanto, dicho esto, o rectifique usted su error o permanezca en él. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor Portavoz. Tiene la palabra don Octavio Granado en turno de dúplica.

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ:

Sí, sí. Si el error ....

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ):

Señor Octavio, y para decirle que no tiene turno de Portavoces. Es decir, para que, si tiene usted alguna cosa más que decir, pues lo aproveche ahora, si quiere. Muchas gracias.

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ:

No, no voy a aprovechar el... no voy a hacer juego de ventaja. Pero si... mire usted, si el problema está en que la enmienda no dice lo que dice que lo decía el texto, pues mire, yo le reconozco que me he equivocado y ya está. Pero el problema está donde está, el problema está en ese texto. Y ese texto es discrecional, arbitrario, no cumple con la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia; eso lo sabe usted, lo sé yo, lo sabe todo el mundo. Y la Junta se empeña en que siga ahí. Y ese es el problema. Y el problema es que ustedes siguen empeñados en que sea el Consejero de Sanidad el que determine qué partes de la deducción se van a aplicar y qué partes no en esta tasa, cuando es una facultad que no le concede el ordenamiento jurídico a ningún órgano de la Administración. Y esto es lo que tienen ustedes que solucionar. Y cuando nosotros les decimos que eso es lo que tienen ustedes que solucionar, ustedes nos vienen con una disposición adicional, pero manteniendo ese texto en cuestión. Y eso no tiene solución.

Y yo le digo, señor Aguilar: muy bien, la enmienda numera, el texto lo decía, el texto es una barbaridad, el proyecto... la autoría de la barbaridad no es del Grupo Parlamentario Popular, es de la Junta de Castilla y León; pues tenga usted salvada su parte de culpa en que no es usted el autor de... el que ha perpetrado este texto, sino que el que ha perpetrado este texto es el redactor de la Junta de Castilla y León. Pero, en todo caso, el texto no merece la pena ser perpetrado en la normativa de esta Comunidad Autónoma, y sobre eso me temo que no hay demasiada discusión, ¿eh?

Y si, claro, por defender cosas como esta, pues, a uno le dicen que defiende sectores económicos, pues claro, pues a mucha honra.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ):

Muchas gracias. Finalizado el debate de las enmiendas presentadas a este Proyecto de Ley, vamos a proceder a hacer una votación general.

Y, si les parece a Sus Señorías, comenzamos por las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Mixto, que ha defendido el Portavoz de Izquierda Unida, en nombre de Izquierda Unida. ¿Votos a favor de estas enmiendas? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación: ningún voto a favor, diez en contra, seis abstenciones. Quedan, por lo tanto, rechazadas.

Votamos ahora las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Resultado de la votación: seis votos a favor, diez en contra, ninguna abstención. Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Resultado de la votación: diez votos a favor, seis en contra. Quedan aprobadas.

Y a continuación votamos artículos, disposiciones, exposición de motivos y título de la Ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?

Resultado de la votación: diez votos a favor, seis en contra. Queda, por lo tanto, aprobado.

Concluido el Dictamen del Proyecto de Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León por la Comisión, recuerdo a Sus Señorías que el plazo para comunicar, mediante escrito dirigido al Excelentísimo señor Presidente de las Cortes, los votos particulares y enmiendas que, defendidas y votadas en Comisión y no incorporadas al Dictamen, se pretendan defender ante el Pleno finalizará el próximo sábado, día diecisiete de noviembre. Sin más, se levanta la sesión.

(Se levanta la sesión a las diecinueve horas quince minutos).